Señora:

Michelle Bachelet Jeria,

Presidenta de la República de Chile

De nuestra consideración.

Las declaraciones dadas por el director de la Posta Central a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en las que señala que los golpes Joane Florvil habrían sido propinadas por terceros, vienen a ratificar la versión de familiares y personas cercanas a ella acerca de que tales golpes habrían sido infringidos por Carabineros durante su detención en la Comisaría de Lo Prado, según les habría referido la propia Joane.

Si bien la causa inmediata de la muerte de Joane Florvil fue un paro cardio respiratorio, este se habría provocado en el contexto de una falla hepática fulminante, ocasionada a la vez por una reacción secundaria a un fármaco proporcionado en la Posta Central. Así Joane fue derivada al Hospital de la Universidad Católica donde se evaluaría posible trasplante, que era imposible porque esta sufría además de una hipertensión intracraneana severa sin flujo cerebral, que sería provocada por la golpiza que recibió.

Como lo evidencian los exámenes, Joane no padecía de disfunción hepática al momento de ser internada a la Posta Central, tal se generó en su internamiento en la Posta Central provocada por la medicación que recibió en ese lugar. La hipertensión intracraneana a la vez fue provocada por la golpiza que recibió durante su detención policial, que fue el motivo por la que se le internó en la Posta Central, siendo además que esta hipertensión intracerebral imposibilitó el trasplante que ella necesitaba.

Lo descrito, en cuanto a las causas que generaron directa e indirectamente el fallecimiento de Joane Florvil, hacen evidente que la muerte de Joane Florvil es responsabilidad del Estado, ello sin perjuicio de la participación y corresponsabilidad que les pueden corresponder individualmente a los funcionarios de carabineros y de la Posta Central por los graves hechos que se están conociendo.

Específicamente, respecto del actuar de Carabineros de la Comisaría de Lo Prado, particularmente la golpiza que habrían dado a Joane, estaríamos en un claro caso de tortura tipificado en el Inciso 3 del Artículo 150 “A” del Código Penal, situación que debe ser investigada a cabalidad, determinando responsabilidades individuales y las sanciones respectivas que corresponden. La aplicación de la tortura por parte de Carabineros de Chile ha sido una práctica denunciada en más de una ocasión por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, del mismo modo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones que la componen, entre otras instituciones también han presentado estas denuncias.

En reiterados casos, donde los inmigrantes somos víctimas de agresiones, sea por efectivos policiales o por terceros, la impunidad ha sido una constante. Algunos ejemplo de esto son los casos de tortura como la aplicada contra un grupo de pobladores inmigrantes del Cerro Chuño en Arica, mayoritariamente colombianos, quienes además de la evidente golpiza sufrida, acusaron la aplicación de electricidad durante su detención en la Comisaría de esa ciudad, o como en el caso de la familia de la ciudadana peruana Johanna Elizabeth Lostaunau, donde el padre de su hija denunció que fue detenido por Carabineros quienes le propinaron una golpiza dentro de un vehículo policial a fin de persuadir para que Johanna desistiera de la denuncia por amenazas que presentó contra una funcionaria de Carabineros; u otros casos, como los de golpizas y otras formas de violencia desmedida que aplican Carabineros contra vendedores ambulantes inmigrantes.

Los repudiables hechos denunciados son parte de la discriminación institucional en contra de la población inmigrante. Una manifestación de ello es el actuar de algunos funcionarios policiales quienes “validarían” sus procedimientos porque somos inmigrantes. De esta manera justifican, además del maltrato y su actuar violento, las prácticas concertadas con la prensa para las famosas “entradas” o “salidas”, por las cuales hacen filmar a las personas detenidas simulando su ingreso a las comisarías o salidas a centros de juzgamiento con el propósito que los medios graben imágenes para sus reportes noticiosos, sin importarles el principio de presunción de inocencia, exponiendo a las personas detenidas al juzgamiento de la opinión pública, hecho que lamentablemente hicieron en contra de Joane Florvil.

Por todo lo anterior acudimos a Ud. a fin de solicitarle lo siguiente:

1. Determinar las medidas puntuales y pertinentes para garantizar una investigación imparcial sobre los hechos ocurridos en contra de Joane Florvil durante su detención y posterior internamiento hospitalario.

2. Instruir a los mandos y funcionarios policiales entregar toda la información del caso tanto a las entidades judiciales que intervengan como a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Dando a conocer por ejemplo la identidad de los efectivos policiales que estuvieron de turno durante los hechos, especialmente los que tuvieron contacto con Joane Florvil a fin de que puedan rendir sus respectivas declaraciones sobre lo sucedido.

3. Se ponga a disposición de las entidades correspondientes las grabaciones de video de las celdas que tiene registro durante la detención de Joane Florvil.

4. Requerir a que se instruyan sumarios imparciales, sin perjuicio de las investigaciones en curso que hubieran, por eventuales las responsabilidades individuales en todas las instituciones públicas que intervinieron en el caso de Joane Florvil.

5. Garantizar la intervención de los familiares, de las instituciones que los asisten y demás interesados en la contribución de estas investigaciones, a fin de asegurar la probidad máxima de las mismas y de los derechos que les corresponden.

6. Tomar todas las provisiones a fin de erradicar cualquier hecho de maltrato en contra de la población inmigrante, garantizar el derecho a intérprete, no presumir responsabilidad, erradicar la exposición innecesaria ante los medios de información pública particularmente las llamadas simulación de “salida” o “entrada”, entre otras medidas de carácter programático como planes de formación e interculturalidad para las policías y demás funcionarios públicos.

De nuestra parte seguiremos bregando porque Chile, hoy nuestro país, porque en él residimos y porque le tenemos un especial cariño, avance decididamente a la integración. Para lo cual reiteramos nuestro compromiso de luchar contra toda violencia y discriminación institucional, luchar para que el presente caso y cualquier otro que se diere alcancen la justicia y no queden en la impunidad.

Agradecidos de la atención a la presente y esperando que acoja nuestros planteamientos, nos despedimos reiterándole nuestros saludos.

Atentamente,