Exigen un cambio en la política de vivienda para terminar con el hacinamiento, la marginación y la especulación de las construcciones.

Cerca de las 10 de la mañana pobladores agrupados en la Coordinadora en Lucha Por el Derecho a la Vivienda ocuparon las dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción. De acuerdo a sus declaraciones, buscan recuperar sus “derechos” después de décadas en espera por una vivienda o “endeudados a más de 30 años por casas sobrevaluadas”.

Acusan al Estado y a la Cámara Chilena de la Construcción de desarrollar las políticas de vivienda ajustadas a los intereses de los empresarios, situación que se evidencia en un “conjunto de decretos” redactados por ambas entidades y que han permitido el enriquecimiento de constructoras, inmobiliarias y bancos.

Señalan que esta situación se ha llevado a cabo en desmedro de las familias trabajadoras del país, y que ha tenido como respuesta una “solución habitacional” que mantiene el hacinamiento “para asegurar la demanda y ganancias para los empresarios”.

Sostienen que la respuesta habitacional elaborada por los empresarios y el Estado ha obligado al endeudamiento de miles de familias por más de 25 o 30 años, obligándolas a pagar el doble o triple por sus viviendas. El resultado ha sido la construcción de guetos dominados por el narcotráfico y la marginación mientras “se protege la calidad de vida en las comunas de los ricos.”

Ante esto proponen una mesa de trabajo con participación de la Ministra de Vivienda y su par de Hacienda, el intendente, el director de SERVIU y un representante de la CCHC, para abordar la “condonación total de la deuda a los vecinos de las casas COPEVA del sector Bajos de Mena, en Puente Alto así también a los Vecinos organizados de Maipú” y la “negociación y compra de los terrenos de la zona poniente de Maipú propiedad de Inmobiliaria los Silos y de la Inmobiliaria Pocuro”.

El diálogo busca también acelerar las gestiones para la pronta construcción del proyecto habitacional para la familias de la Población La Bandera y profundizar las gestiones en el seccional La Platina, en La Pintana, asegurando el proyecto para las familias.

Proponen también “instaurar constitucionalmente el Derecho a la Vivienda y crear de manera participativa, democrática y popular una Ley General de Vivienda como política de Estado”, que tenga como base: “la Administración de los recursos de vivienda por parte de las agrupaciones de pobladores para la ejecución de proyectos gestionados colectivamente; banco de suelos destinados para la construcción de viviendas sociales; creación de una constructora pública; participación vinculante en la construcción de planes reguladores metropolitanos y comunales”.

Finalmente realizan un llamado a las familias de todo Chile, independiente de su país de origen, y que vivan como allegados, como arrendatarios o en campamentos, “a organizarse y a levantarse a luchar para recuperar el derecho a la vivienda, al barrio y a la ciudad, que ha sido negado por los corruptos del estado.”