Por Isaias Urzúa y Juan Paulo Concha, Integrantes Colectivo La Savia

Actualmente el pueblo chileno atraviesa una de las crisis humanitarias, sociales y políticas más profundas de su historia. Nuevamente los pauperizados son los que se llevan la parte más amarga de una inmensa catástrofe que, mientras se escriben estas líneas, no tiene fecha cierta de finalización. Sin embargo, a diferencia de los recientes terremotos o tsunamis, lo que caracteriza a la situación actual es que su causa estructural no se debe a “caprichos de la naturaleza”, sino que encuentra sus raíces más profundas en un modelo de producción que extrae sus ganancias a partir de la renta de la tierra, y que tiene su expresión jurídica acabada en el DL 701, promulgado en dictadura, y que ha sido actualizado en los gobiernos civiles de la Concertación y la Alianza.

Frente a esta situación la izquierda se ha manifestado de diversas formas que oscilan entre una “conspiranoia” ciega y palabras críticas que demuestran muchas veces bastante agudeza, no obstante, de lo que se trata hoy es de que las palabras se transformen en una acción política transformadora. Si bien es necesario denunciar los intereses que se esconden tras los incendios y la degradación de nuestras tierras, no podemos conformarnos con la mera propaganda, por muy elocuente que sea, ya que ésta no ofrece salidas políticas para el pueblo trabajador.

Un ejemplo de lo anterior corresponde a lo ocurrido hace un par de años en Valparaíso. Muchos habitantes de los cerros de la ciudad quedaron sin hogares debido a una pésima planificación urbana que demostró su peor cara frente a un incendio. Una vez ocurrida la emergencia, poco y nada fue lo que se problematizó, la atención mediática se perdió, e incluso, dado que por la autoridad saliente no se hizo una transformación estructural de la situación, este año se volvió a vivir episodios de incendios de similares características. Así pues, en las zonas afectadas por los incendios se corre el riesgo de volver a repetir la historia de Valparaíso.

Es posible que en este escenario sean dos las soluciones que se nos ofrezcan. Por una parte, desde la Nueva Mayoría y Chile Vamos no caben dudas de que se fijará la atención en protocolos de crisis, reestructuración de la Conaf en un organismo público y acusaciones de lado a lado que intentarán solapar la real fuente de la degradación socioambiental que atravesamos. Por otro lado, la así llamada izquierda emergente enarbolará las banderas de una necesaria refundación del modelo extractivista, criticando las posibles ampliaciones a los subsidios a privados, ofreciendo una salida política refundacional a partir de un reemplazo de las antiguas élites políticas a través de la elección de cargos de representación.

Quienes por razones de índole política no estamos convencidos de esas soluciones nos vemos en la obligación de dar un salto político que problematice seriamente la crisis socioambiental que nos hunde como pueblo.

En ese sentido, vemos tres tareas necesarias al corto y mediano plazo:

1) Incorporar un diagnóstico riguroso de las causas globales que producen crisis como la que se vive actualmente, causas que son eminentemente económicas y políticas. Además, dicho diagnóstico debe ser enfático al señalar que ya no es sostenible la lucha socioambiental a partir de expresiones localizadas o fragmentadas. Menos todavía sólo enfocando los efectos y no los factores de fondo. Ejemplo de lo anterior es que la derogación (actualmente no renovación) del DL 701 ha sido una demanda del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, sin embargo, debido al carácter hermético y reducido del mismo, recién hoy se empieza a cuestionar dicho cuerpo legal.

2) Establecer redes de solidaridad y coordinación a nivel nacional, que vinculen de manera inmediata a las organizaciones políticas y sociales involucradas en conflictos socioambientales con el fin de que frente a situaciones como las que vivimos con los incendios, lamentablemente con alta probabilidad de volver a repetirse, seamos capaces de dar una respuesta rápida, clara y efectiva, que no espere únicamente las iniciativas de la institucionalidad y ONG’s afines a ella.

3) Que dichas redes tiendan a generan un frente de disputa sectorial, similar a lo que ha sido el ámbito de las pensiones, la educación, salud, género y feminismo, entre otras. Es decir, que los sectores de la denominada izquierda revolucionaria planteen la perspectiva ecosocialista como un horizonte posible de acción transformadora, que tenga capacidad de movilización a nivel nacional, que pueda interpelar y disputar a los grandes poderes políticos y empresariales del país y que pueda presentar un programa político y reivindicaciones concretas que orienten su despliegue. Entendemos que esto no puede ser un mero gesto declamativo, por lo cual se vuelve urgente una orgánica que aúne las diferentes disputas del ámbito socioambiental, que, si bien nace y se impulsa desde espacios de militancia, es decir, organizaciones ya conformadas, tenga capacidad y vocación de extenderse a otros sectores de la sociedad y construir un entramado de agrupaciones sociales y políticas, sindicatos, individualidades, grupos universitarios, centros culturales, etc., que hagan suya la problemática ambiental desde una perspectiva anticapitalista y revolucionaria.

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