Miguel Fonseca, Coordinador de la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial, revela la impunidad que persiste en los juicios contra uniformados.

Civiles y militares enfrentan profundas diferencias ante la justicia chilena. Las personas comunes y corrientes, al cometer un crimen deben ser investigadas y sancionadas en tribunales ordinarios de acuerdo al Código Procesal Penal; mientras que los militares chilenos –las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros– al cometer un delito, son investigados en tribunales militares bajo el Código de Justicia Militar.

Esta regulación nació en 1926 y sufrió importantes cambios en dictadura, reformas que hoy permiten distinciones orgánicas y procedimentales, en beneficio de los uniformados. El Código Militar establece que, en tiempos de paz, la jurisdicción militar será ejercida por los juzgados institucionales, como tribunales de primera instancia, y los fiscales, quienes instruyen y sustancian los procesos, pero en ambos casos estarán conformados por funcionarios militares. Además, las Cortes Marciales, tribunales de segunda instancia, estarán integradas con mayoría de ministros militares; mientras que la Corte Suprema, como tribunal de casación, estará integrada por el Auditor General del Ejército y cuatro ministros del máximo tribunal.

Para Miguel Fonseca las consecuencias de esta situación son que “muchas de las denuncias en contra de Carabineros o Fuerzas Armadas se tratan en Tribunales Militares, en donde los juicios son secretos, las víctimas no son consideradas como tales, y son uniformados quienes desarrollan la sentencia”.

El Código Militar establece que es delito el cometido por un militar, pero también el llevado a cabo por un civil “que lesione o ponga en peligro un bien jurídico de carácter militar”. Esta situación ha mostrado sus más duras consecuencias en los casos levantados en la Araucanía contra el pueblo mapuche, para el abogado de derechos humanos, Alberto Espinoza (FASIC) “la aplicación de la Justicia Militar constituye una doble militarización pues procesa a mapuche en comunidades militarizadas por el propio estado chileno”.

Es por ello que, la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial se encuentra “presionando” al gobierno para que presente un proyecto de ley “que ponga fin a la justicia militar”, con el objetivo de que los delitos de uniformados sean abordados por la justicia ordinaria.

“El noventa por ciento de los casos que llegan a justicia militar no son investigados. Claudia López por ejemplo, es un caso histórico, cayó un 11 de septiembre, y no hubo investigación. Tan solo un siete por ciento de los casos en justicia militar tienen condena y son irrisorias”, señala Miguel Fonseca.

Los ejemplos de esta situación son numerosos a lo largo del regreso a democracia. Es por ello que, la Agrupación se encuentra agrupando casos como el de Luciano Villanueva, joven de Parral que a los veinte años fue asesinado por carabineros al interior de su hogar, en un irregular operativo; Jorge Brito, estudiante víctima de tortura el año 2013; María Paz Cajas, quien perdió su embarazo por abuso policial, y Felipe Aracena, el joven que falleció tras caer en extrañas circunstancias desde una patrulla policial en la localidad de Paihuano.

“La condena más alta en el caso de Matías Catrileo, fueron tres años en libertad con firma. En el caso de Manuel Gutiérrez se comprobó una verdad histórica, que un funcionario policial usó una arma de guerra (subametralladora UZI), con esa arma disparó a una multitud con un dolo eventual, porque al disparar a la multitud debió a haber previsto que alguien iba a morir, sin embargo, con esa culpabilidad y delito no tiene una condena porque la justicia militar le da un espaldarazo a los delitos de carabineros”, sentencia Miguel Fonseca.