por Sebastián Osorio
Tras casi dos años de tramitación parlamentaria, el gobierno ha jugado sus cartas sobre la Reforma Laboral que ya fue publicada en el Diario Oficial y comenzará a regir desde el 1 de abril del 2017. Aunque sin titularidad sindical, sin control de la extensión de beneficios de una negociación por parte del sindicato, sin un efectivo derecho a huelga, sin negociación ramal, y en suma, sin ninguna de las promesas que se hicieron al movimiento sindical en su momento.
Sobre esta situación se ha dicho de todo: que se debe a la incapacidad de Bachelet y su equipo, que la culpa la tiene el desorden de la Nueva Mayoría, el repetido veto de la derecha parlamentaria o el Tribunal Constitucional, y por ende también nuestra Constitución. Pero es importante notar que, tal como será promulgada, la reforma es coherente con el interés del gobierno de aumentar por distintos medios las herramientas de intervención y control del Estado sobre la conflictividad laboral, que en los últimos años ha desbordado con creces la institucionalidad amenazando con radicalizarse en importantes referentes sindicales “¡Nada más peligroso para la sana estabilidad de los negocios!”, reclama indignado el gran empresariado mientras se frota las manos.
El nuevo escenario sindical
Los interesantes pero escasos intentos por impedir este desenlace desde los sectores más organizados y politizados de las y los trabajadores, fueron débiles e incapaces tal como lo es la situación actual del sindicalismo en Chile. Se pueden hacer diferentes análisis y valoraciones del proceso, pero seguramente podemos estar de acuerdo en que la clase trabajadora fue incapaz de hacer valer sus intereses. Considerando esto, urge reflexionar acerca de cuál es el camino que debe emprender el movimiento de trabajadores para revertir definitivamente el estancamiento que ha arrastrado por más de 24 años.
Afortunadamente y a pesar del desolador panorama, existen condiciones de posibilidad inéditas para trazar un camino que, sin atajos y asumiendo varios años de trabajo por delante, nos permita reposicionar al sindicalismo como una fuerza de primera línea en las luchas y transformaciones que impulsa el pueblo. Por un lado, se han acumulado décadas de experiencia que hoy se expresan en una franja transversal de trabajadoras y trabajadores independientes de los partidos de la Nueva Mayoría, cuya militancia sindical se orienta en términos clasistas y rupturistas respecto al modelo económico y social que vivimos.
Por otro lado, el proceso de discusión de la reforma laboral contribuyó a que miles de trabajadores de base y dirigentes asumieran la reflexión sobre el carácter restrictivo y proempresarial de la institucionalidad laboral, y con el resultado que tuvo la ley, no pocos se plantearán derechamente la necesidad de dar una disputa más allá de la negociación colectiva de su respectiva empresa, abordando demandas y desafíos mayores que, a su vez, requerirán de más unidad y coordinación entre organizaciones.
Camino posibles para las y los trabajadores
Estas condiciones levemente favorables pueden encauzarse de dos modos. Un primer camino es persistir en los hasta ahora infructuosos intentos de fortalecer sindicatos de empresa en un contexto de fuerte paralelismo sindical, con el objetivo de mejorar las capacidades de negociación individuales, apostando a aprovechar las reglas del juego del nuevo Código del Trabajo con la esperanza de mejores resultados. Es una estrategia de improbable éxito, y que se topará durante muchos años con el muro de la judicialización.
Un segundo camino, más complejo pero sin duda con mejores chances, se haría posible en la medida que los sectores más politizados del movimiento sindical y que tengan una perspectiva clasista, se pongan de acuerdo en un trazado común que les permita definir sus demandas y planteamientos de corto, mediano y largo plazo, con la perspectiva de construir un instrumento organizacional que se proyecte como una fuerza sindical de nuevo tipo, que logre atraer a los sectores honestos y decepcionados que tanto dentro como fuera de la CUT pongan por delante la autonomía del Estado y los gobiernos de turno, y también un proyecto clasista independiente, entendido como la definición irreductible de los intereses del trabajo por sobre los del capital.
De lograrse este objetivo, será esta nueva fuerza sindical y no otra la que podrá enfrentar con seriedad el desafío de recuperar para nuestro pueblo la figura de una Central Sindical Única, que surja de un proceso de refundación, unificación e integración de la CUT con otros referentes, y que desde ahí perfile la construcción de un poder popular obrero que a la larga asuma progresivamente tareas de autogobierno, y la conformación de un bloque social y político que se proponga un proyecto histórico socialista y libertario, capaz de erradicar la explotación del hombre por el hombre.
Será responsabilidad de las izquierdas y en particular de los sectores revolucionarios a nivel sindical avanzar en estos objetivos, que sin duda son complejos, pero para materializarlos algún día lo primero es ponerlos sobre la mesa en una discusión abierta con las y los trabajadores comprometidos con los cambios sociales estructurales que se requieren hoy por hoy.
[Publicado en la edición N°34 de Solidaridad.]
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