Por Jorge Beltrán, vocero facultad de ciencias jurídicas UCT y militante Acción Libertaria

Dentro de nuestra casa de estudios, en donde las y los estudiantes, posterior a la asamblea general realizada el día lunes 13 de junio, tomaron la decisión de llevar a cabo una paralización de las actividades, y posterior ocupación de los campus de carácter federado. El motivo de esta decisión, en primera instancia, se enmarcaba en las movilizaciones realizadas a nivel nacional producto de la incertidumbre del ingreso del proyecto de ley que pretende mejorar la condición de las Instituciones de Educación Superior.

Al avanzar la movilización, y con ello también el Gobierno presenta el proyecto de ley, dicho proyecto es discutido en Asamblea General, la cual  decide como postura  el rechazo y el retiro del proyecto de ley del congreso nacional, decisión que responde a que esta reforma del ejecutivo que a presentado  no recoge las demandas de las y los estudiantes de nuestro país, y en segunda instancia deja a los estudiantes de las universidades privadas fuera del contenido de dicho proyecto de ley, cabe recalcar que nuestra casa de estudios entra en esa subdivisión, en el reconocido grupo de universidad del G9.

Posterior a esto, y producto del largo tiempo de la paralización se nota el desgaste natural de una movilización, frente a esto comienza a suceder un conflicto con respecto a la recalendarización impuesta arbitrariamente por vicerrectoria académica, frente a esta actitud se han generado inconvenientes de carácter académicos, como por ejemplo las notas 1,0 puestas arbitrariamente a miles de compañeros de nuestra universidad. Dicha recalendarización es rechazada sin resquemores por la Asamblea General del día 7 de Julio. Posterior a este escenario la federación de estudiantes se pone a disposición para volver comenzar las instancias de diálogo con el vicerrector académico David Figueroa. Al no mejorar el diálogo el día jueves 28 de julio la federación de estudiantes mantiene una reunión con el vicerrector académico, en donde se le hace entrega de un documento que contiene los pisos mínimos para poder generar una instancia de diálogo; algunos de estos puntos son el reconocimiento por parte de las autoridades de nuestra orgánica estudiantil, y sumado a eso la de generar una instancia de recalendarización definida bilateralmente entre los representantes estudiantiles y el comité directivo, eliminación de las notas 1,0 a raíz de la movilización y la realización de encuentros triestamentales de Facultad durante el segundo semestre.

La respuesta de Rectoría no se hace esperar, dando una negativa a pisos mínimos, debido a lo anterior es que dos compañeros de la mesa directiva de la Federación de Estudiantes tomaron la decisión de llevar a cabo una huelga de hambre que se dio por iniciada el martes pasado. El motivo de esta medida de presión es constatar la falta de diálogo por parte del gobierno universitario de la Universidad Católica de Temuco, medida que sólo puede deponerse  logrando un diálogo directo con las autoridades, en donde se reconozcan los pisos mínimos anteriormente mencionados.

Como estudiantes encontramos inaudito que por ejercer nuestro legítimo derecho a manifestarnos por una educación que se viene exigiendo por años de movilización, nos respondan con una querella en contra de la mesa directiva del año 2015 y con una excesiva represión, de tal manera de que miles de compañeras y compañeros tengan notas 1,0 en este año, además que no se reconozca nuestra orgánica que hemos construido entre todos y que no se extiendan los espacios para elaborar una universidad democrática y servil a las necesidades de los Pueblos oprimidos.

Los pasos a seguir con respecto a esta temática son radicalizar la movilización y solicitar la intervención como mediador en este conflicto a Marcelo Segura, del SEREMI de Educación. Debido a lo anterior es que, solamente con unidad para avanzar, solidaridad para construir e independencia de clase para luchar, lograremos que todos nuestros anhelos se lleven a la realidad.