Por Derek Angulo
Durante enero de este año la llegada de la marea roja desató una serie de movilizaciones en la Región de Los Lagos. Esta era la causa principal presentada por el gobierno para la crisis socioambiental que azotaba la región, silenciando las consecuencias de la depredación de las empresas salmoneras en la zona. Una salmonera había vertido el día 9 de mayo, 9 toneladas de desperdicios a 17 millas de la costa de Ancud, con la aprobación de Directemar y Sernapesca. Pero este no era un hecho aislado, ya habían pasado 40 años de industria salmonera en el territorio.
Esta industria trabaja con centros de cultivo, en los cuales los salmones son alimentados con harina de pescado. Las sobras no consumidas junto con las fecas de los salmones quedan en el fondo marino produciendo la eurotrofización. Esto produce el aumento de los nutrientes y temperatura del agua, produciendo el crecimiento desmedido de algas, provocando aguas turbias y no permitiendo la entrada de luz solar, lo que ocasiona además que las algas mueran, agotando el oxígeno del agua y favoreciendo el florecimiento de la alga de marea roja -ésta no causa daño a las especies que la contienen, pero si causa daño al ser humano-. Debido a esto, en marzo floreció otra alga que si bien no es tóxica para el humano, provocó la muerte por asfixia de 38 toneladas de salmones. Luego de esto, la marea roja alcanzó el nivel que tiene actualmente en toda la región, provocando la variación de moluscos en diversas playas, como por ejemplo, Carelmapu, Cucao y Mar Brava.
Con estos antecedentes comienza la movilización. El gobierno decretó el territorio afectado como zona de catástrofe, con la única intención de mantener “la paz”. Esta orden designó a un jefe zonal, entregándole facultades de carácter represivo, mientras que las exigencias inmediatas de los pueblos eran desoídas; realizar una investigación en torno a los culpables, asegurar la subsistencia de las familias afectadas, e implementar medidas que remediaran la crisis ambiental. La intención del gobierno era evidente; aumentaron enormemente la cantidad de efectivos de fuerzas especiales, quienes fueron llevados a Chiloé por vía aérea –aunque no se registraron enfrentamientos aquí, sí sirvieron para intimidar-, mientras que en Puerto Montt reprimían violentamente las manifestaciones.
La siguiente jugada fue clara; fragmentar la lucha, trasladando el conflicto a los municipios, encausando la movilización en sintonía con los tiempos políticos del gobierno. La izquierda tradicional siguió esta línea, mientras que la derecha con los gremios que controla (algunos pescadores y camioneros) sectorizaron la lucha, no dando espacio para las demandas de tipo ambiental, que implicaban restricciones y/o fiscalizaciones para las salmoneras.
En Quellón se rompieron relaciones entre los cesantes del salmón y los pescadores. Un par de datos clave que develan la despolitización y gremialización del conflicto en la zona son los siguientes; en el caso de los cesantes sus principales dirigentes son del PC –es decir, parte del gobierno-, mientras que los pescadores son dirigidos por Dennisse Alvarado, próxima postulante a concejala por la UDI, y también es muy influyente en este sector Marcos Salas, quien estuvo de acuerdo con la aprobación de la “Ley Longueira”. Este quiebre iba de la mano con la estrategia del gobierno: quebrar y desunir. Así, en una sola ciudad se crearon dos petitorios; el de pescadores que incluía a las comunidades williche y miticultores, y el de los cesantes del salmón.
Antes de esto, varias voluntades movilizadas realizaron un esfuerzo por crear un petitorio provincial, en el cual fueron incluidos Calbuco, Puerto Montt, Carelmapu y Maullin. Se intentó sumar a Ancud y Castro, pero fue imposible debido a la “municipalización del conflicto” ya señalada; un petitorio fue levantado por asambleas comunales, mientras otro a través de los municipios. El panorama se tornaba cada vez más difícil.
La agrupación territorial “Movimiento Capucha de Lana” de corte anticapitalista y que incentiva la lucha ecoterritorial, fue una plataforma que intentó levantar una forma distinta de organización, junto a la gente y sus agrupaciones, coordinando en su seno a profesores y estudiantes secundarios del Liceo Rayen Mapu y a las comunidades williches de Yalda y Huequetrumao. Trabajando en conjunto, las agrupaciones levantaron trawunes, espacios de conversación asamblearia que faltaban al movimiento. Esta plataforma mantuvo tomada la carretera a la altura del kilómetro 2 de la ciudad, y a pesar de las divergencias con otros grupos –algunos dirigentes de los pescadores-, ésta se mantuvo hasta el fin de la movilización.
La organización del archipiélago se diferencia a la que se origina en el continente, es mucho más “de piel”, ya que la comunidad es más pequeña, con características culturales diferentes y mucho más colectivas. Durante las movilizaciones convergieron culturas, se criticaron las formas centralistas y partidarias de organización, y el individualismo que genera el sistema capitalista, invisibilizando la solidaridad característica de Chiloé.
Con el paso del tiempo se hizo evidente que los cortes de carretera no eran una medida de presión real. Esto se evidenció al comprobar cómo el gobierno llevaba los tiempos de discusión en torno a los petitorios. Además, dentro de las ciudades se mantenía la normalidad, a excepción del desabastecimiento que se comenzó a sentir durante los últimos días. Al finalizar la movilización, los manifestantes de Quellón tenían casi todo su petitorio satisfecho, excepto el aumento de la cuota del erizo, ya que estaba pendiente la realización de una investigación para dilucidar su grado de contaminación.
Otro punto importante que quedó pendiente, es la realización de una investigación –no estatal, ya que sabemos que el Estado no es neutral y mantiene la tesis de la “marea roja”-, que sea llevada adelante de manera independiente por algún centro de investigación de confianza. Por otra parte, Greenpeace, ente criticado por su capitalismo verde, también llevaría a cabo una investigación.
¿Hubo una victoria? Es difícil de dilucidarlo. El trabajo y la discusión en torno a la necesidad de construir una forma organizativa salida desde el territorio, y la crítica al extractivismo, podrían ser considerados avances significativos para las nuevas luchas que emprenda el archipiélago y los pueblos que habitan la región. Lo demás, todavía está por verse.
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