Por Solidaridad-FCL Valparaíso

El aborto ha sido una práctica cultural milenaria realizada a lo largo de la historia entre, por y para mujeres de modo soberano y con autonomía de cualquier autoridad. En el caso de Chile es importante recordar que ya en 1931 el aborto terapéutico como derecho social se encontraba regulado, para luego ser arrebatado en 1975 y ratificada dicha prohibición en 1989 por la dictadura cívico-militar, perpetuando el carácter restringido y autoritario de la actual supuesta democracia.

Actualmente la discusión sobre el aborto se ha instalado en la opinión pública a raíz de los crudos casos en los que se les ha negado dicha práctica a mujeres que han sufrido violaciones o que presentan embarazos que ponen en riesgo su vida, destapando una realidad cotidiana que los medios de comunicación y autoridades al servicio del sistema patriarcal y capitalista se han esforzado en invisibilizar.

De esta manera la despenalización del aborto en sus tres causales, que no cubren más del 5% de los abortos en Chile, ingresó el 17 de marzo a la Cámara de Diputados y luego de más de cuatro de meses recién ha iniciado su tramitación en el Senado, instalándose en la comisión de Salud.

En este sentido, la Democracia Cristiana (DC) ha jugado estratégicamente un rol protagónico al retrasar el proyecto, intentado además incorporar cláusulas en relación a la supervisión médica, exigiendo el acompañamiento y consejería a las mujeres que decidan abortar, otorgándole al proyecto un carácter de victimización de la mujer como si la realidad del aborto fuera sólo reducible a esas tres causales que no dan cuenta de las motivaciones reales por los cuales nosotras decidimos abortar.

Consideramos el aborto una demanda de nuestra clase por cuanto somos las mujeres estudiantes, trabajadoras, pobladoras ubicadas en condiciones de mayor precariedad quienes nos vemos mayormente perjudicadas por no contar con los recursos suficientes, no así la clase dominante que recurre a las clínicas privadas o viajan a países donde sí se realizan estos procedimientos de forma legal, sector que justamente hoy se opone a un aborto libre seguro y gratuito teniendo presente que la penalización del aborto responde a un proyecto neoliberal, que necesita de una sobrepoblación de los sectores populares para tener una mano de obra calificada y de bajo costo, justificando la penalización desde valores morales y religiosos que son parte de una tradición católico-cristiana impuesta desde hace siglos.

Como mujeres feministas organizadas, entendemos que el primer territorio de autonomía es nuestro cuerpo y no esperaremos a que el Estado con sus leyes aprueben nuestras prácticas emancipadoras. Por lo tanto, ante cualquier prohibición al respecto, cualquier mandato criminalizador y opresor respecto de esta decisión nuestra que existió, existe y seguirá existiendo a pesar de los gobiernos de turno, responderemos con autogestión, sororidad y autodefensa feminista.