por La Alzada – Acción Feminista Libertaria

Desde la década de los 90, la participación laboral femenina ha mostrado una sostenida tendencia ascendente, aumentando en más de 15 puntos porcentuales a la fecha. Este proceso de incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo ha constituido un aspecto fundamental para el crecimiento económico y ha sido ensalzado por los personeros de gobierno como un avance hacia la igualdad de género.

Si bien, la inserción de las mujeres al mundo del trabajo es fundamental para la autonomía económica de las mismas y su empoderamiento material y subjetivo, este proceso no ha sido consecuencia de una política de gobierno para la igualdad de género, sino más bien ha sido resultado de la erosión del modelo de padre proveedor y de la alta demanda de mano de obra que el funcionamiento del sistema capitalista requiere. De esta forma, las mujeres se han insertado al mundo del trabajo de manera diferenciada a la de sus pares; en condiciones de desigualdad, precariedad, en trabajos tercerizados, desregulados, con carencia de derechos y más aún, que reproducen los roles estereotipados de género, relegando a las mujeres al mundo del cuidado, de los servicios y la compra-venta.

Según el Informe de Participación Laboral Femenina (INE 2015) un 85,3% de las mujeres laboralmente activas lo hace en el sector terciario, mientras que tan sólo un 5% lo hace en el sector primario de la economía. A esta segmentación horizontal se suma una evidente segmentación vertical, donde las mujeres se concentran en las posiciones más bajas de las escalas de poder de las estructuras laborales, siendo muy difícil para ellas ascender. Según el estudio Mujeres y Poder: Participación en espacios de decisión de ICSO (2013), la presencia de mujeres en cargos directivos en las grandes empresas es de alrededor de un 3%, no superando un 6% en gremios empresariales. De acuerdo a los datos recopilados por “Comunidad Mujer” (2015), sólo 18 mujeres ejercen como directoras (5,4%) de las 40 empresas que componen el IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones).

Por otra parte, la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha mantenido en todos los sectores ocupacionales, alcanzando una diferencia promedio por sexo en torno al 22%, lo que corresponde a casi $150.000 mensuales promedio. Según los datos de la Encuesta Casen 2013, esta tiende a aumentar en la medida en que se incrementa el nivel de escolaridad. Así, los datos muestran una mayor brecha salarial entre quienes se emplean en los servicios sociales y de salud (36%), seguido de las actividades de agricultura y ganadería, actividades inmobiliarias y de administración pública, donde se sitúan por encima del 25%. Queda manifiesto, con este último dato, que no existe voluntad política desde los grupos en el poder de subvertir el orden dominante y transformar las relaciones de explotación y opresión existentes.

Las mujeres en Chile siguen siendo las responsables del trabajo doméstico, teniendo una doble jornada laboral. El trabajo reproductivo representa de un 20% a un 30% del PIB, las mujeres son las principales proveedoras de un 39% de los hogares, y tienen una doble carga laboral, realizando un 63% de las tareas del hogar, y el 79% del cuidado de las personas de la familia. Esto nos demuestra que hombres y mujeres pueden ser sostenedores de sus hogares, compartir el tiempo de trabajo remunerado, pero la brecha del tiempo dedicado a las tareas domésticas es aún abrumadora.

La reforma laboral impulsada por la Nueva Mayoría no sólo mantiene, sino también legitima el modelo de relaciones laborales del Plan Laboral impuesto en Dictadura, criminalizando y limitando la autonomía sindical, manteniendo las desigualdades económicas estructurales del modelo y la división sexual del trabajo productivo y reproductivo, y con ello, las desigualdades que día a día las mujeres y otras sexualidades oprimidas enfrentan para el ejercicio de sus derechos económicos y laborales. Por lo anterior creemos que el sindicalismo actual debe permearse de una perspectiva feminista que incluya la transformación de las relaciones de dominación, que incorpore dentro de sus demandas y práctica política reivindicaciones que reconozcan y signifiquen un avance en términos concretos.

[publicado en la edición N°32 de Solidaridad]