por Corriente Libertaria – Perú

“Los pueblos están dispuestos; sufren demasiado y, lo que es más, han comenzado a comprender que no están obligados a sufrir”
M. Bakunin

El actual panorama sociopolítico que se cierne en el Perú refleja un altísimo índice de protestas sociales provocadas por diferentes motivos, siendo el tema medioambiental uno de los más destacados. Este aspecto se enmarca en el hecho de que nuestro país está considerado, según el Atlas Global de Justicia Ambiental del Mundo (realizado el año pasado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona), entre los diez países con conflictos ambientales contra la minería.

Los conflictos sociales en el Perú se han multiplicado en los últimos once años y, ahora, escalan con mayor visibilidad con la consecuente represión brutal por parte del gobierno de turno (con asesinados, heridos, perseguidos, enjuiciados, presos y acosados por manifestarse). Tambogrande, el Moqueguazo, el Arequipazo, Bagua, Conga, Tintaya, Tía María, Las Bambas, son solo algunos de los casos más emblemáticos en lo que respecta al período reciente. Los escenarios, aunque corresponden a coyunturas o momentos distintos, cuentan con los mismos actores: el Estado, las transnacionales y las comunidades afectadas. Es claro que el conflicto se origina a raíz de las políticas económicas que impone el Ejecutivo que dictaminan las lotizaciones de territorios indígenas, la extracción de materia prima (gas, petróleo, agua, plantas, minerales, etc.) y el remate hacia las empresas que operan en nuestro país, la mayoría violando convenios internacionales o marcos de estudios de impacto ambiental.

El fujimorato como preludio de la crisis
Sin embargo, no hay que olvidar que todo este escenario se fue gestando ya desde los 90, desde la gestión corrupta y autoritaria del fujimorato que implementó medidas que intentaban poner el país, a cualquier costo, en el mercado internacional y atraer inversión extranjera para desarrollar industrias extractivas. En aquella década, el Estado no tuvo organismos encargados de extraer y comercializar los recursos naturales, por ende, se dieron las concesiones a empresas privadas. Pero este aspecto no produjo grandes protestas populares contra la depredación de recursos, puesto que los movimientos sociales y frentes de defensa estaban realmente debilitados y mermados debido a la reacción dictatorial del régimen de Alberto Fujimori.

Asimismo, resaltemos que el aspecto normativo en nuestro país no estaba preparado para afrontar actividades extractivas de gran escala, ya que el Estado recién comienza a dictar algunas disposiciones de participación ciudadana en el sector minero, hidrocarburos y eléctrico en el 2002. Incluso los economistas liberales reconocen que para entonces todavía no teníamos un proceso regulado de participación ciudadana en el EIA (Estudios de Impacto Ambiental), y por lo tanto, nuestro país no estaba preparado en cuanto a normas para entregar grandes territorios nativos a capitales privados para su explotación y consecuente destrucción.

En tanto, la Ley General del Ambiente del 2005 estableció principios básicos sobre cómo deben ser los estudios y la participación ciudadana, y la relación empresa-Estado-comunidad. Mientras que la Defensoría del Pueblo (creada en 1993) publica su primer reporte de conflictos sociales recién en el 2004. Además, la creación del Ministerio del Ambiente en el 2008 y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles en el 2012, suponían prevenciones legales del Estado sobre conflictividad social; a todo esto hay que sumarle que la consulta previa para comunidades indígenas, con su reglamento y sus siete etapas, también fueron establecidas para evitar tales conflictos. Pero como siempre suele pasar: el poder económico se impone en perjuicio de las grandes mayorías.

Pueblos en resistencia
Y en un panorama más actual tenemos como hitos cruciales de lucha social al llamado Baguazo del 2009 que se suscitó cuando la prepotencia policial bajo las órdenes del gobierno de Alan García incursionó represivamente en los poblados de la parte norte de nuestra Amazonía, en perjuicio de las comunidades awajún y wampis, quienes le exigían al Estado peruano un debido proceso de consulta previa sobre el procedimiento político y económico en sus tierras. Los acontecimientos en Bagua desatados a mitad de año del 2009, se originaron en enero del mismo, con pedidos expresos de que el gobierno central les reconozca a las comunidades como actores activos e importantes dentro de todo proceso de negociación sobre aspectos de inversión o explotación en suelos y subsuelos que forman parte del ecosistema de dichas comunidades, incluso antes de la formación del Estado peruano como tal.
Es así que, el 5 de junio las fuerzas policiales arremeten con un operativo de desalojo que dejó como saldo 33 muertos. Estas cifras son las oficiales, las que maneja la prensa y la institucionalidad del Estado, sin embargo, muchos recordamos que apenas ocurrida la masacre en Bagua, ya circulaban por las redes sociales y por informativos virtuales las fotografías de decenas de cuerpos de indígenas baleados, desangrados y hasta mutilados. Entonces las constataciones visuales y reales distan mucho de ciertas cifras y datos oficiales que se nos quiere imponer como verdad única.

Sin embargo, sabemos que la conflictividad social ha crecido exponencialmente y los mecanismos de protesta y represión, o acción y reacción, han sido una constante desde el Estado para el manejo de los mismos. Prueba de esto son las cifras que registra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que indican que en contextos de protesta popular dentro del período de Alejandro Toledo llegaron a cobrar 32 muertos, 117 en el gobierno de García y más de 75 muertos en lo que va del gobierno de Humala; en la gran mayoría de los casos (74%) no existen procesos judiciales o si alguna vez existieron, ya se archivaron.

Lo curioso es que como rechazo a la intensa criminalización y muertes en protestas sociales durante el gobierno de García es que muchos sectores de izquierda llamaron a votar por el entonces candidato Humala, quien se mostraba garante de libertades plenas, diálogo y no imposición, un gobierno de cara al pueblo, pero al poco tiempo todo esto fue desmentido, teniendo como punto más alto las luchas contra la minera Yanacocha y el proyecto Conga en Cajamarca que registra un importante número de muertos. Es decir, un nuevo gobierno fiel a las recetas neoliberales y a las medidas de bala y sangre como respuesta a las demandas populares.

Por otra parte, informes oficiales de defensoría señalan que más del 54% de los conflictos sociales han presentado, por lo menos, un hecho de violencia. De ello se desprende que en los últimos diez años la conflictividad en nuestro país ha consolidado una estrecha relación entre la intensidad de violencia del conflicto y el nivel de atención de las demandas. Dicho de otro modo, es el propio gobierno el que genera las condiciones objetivas para los levantamientos y luchas, y luego, frente a la intensificación de las protestas, termina “retrocediendo”, pero a costa de vidas y mucha sangre.

Recientemente hemos tenido el caso de Las Bambas donde Humala, el premier Pedro Cateriano y los ministros Rosa María Ortiz, de Energía y Minas; José Luis Pérez Guadalupe, del Interior; y Manuel Pulgar-Vidal, del Ambiente, aseguraron que el conflicto que allí se desató fue “pacíficamente” superado, sin tomar en cuenta las vidas que allí se perdieron (una vez más ningún responsable está procesado ni ha sido sancionado por estas muertes) durante las protestas de la población (más de 30.000 personas) representados en dos frentes de defensa y seis comunidades, que se niegan a la implementación de dicho proyecto por ser lesivo a sus intereses comunitarios.

Perspectivas de lucha
Sabemos que los conflictos son generados sobre la aplicación de una serie de aspectos de índole social, política y económica que no solo no satisfacen a las mayorías sino que se muestran de espaldas a la realidad latente de países como el nuestro. Es decir, no es cierto aquel argumento esgrimido desde la derecha que acusa a los movilizados en un supuesto y único afán de desconocimiento del Estado de Derecho o desestabilización social; sino, la exigencia de atención y defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto, dicho dentro de un plano simple de lectura democrática en un contexto de convulsión social como la nuestra.

Por último, deseamos remarcar que en nuestro país se mantiene este siniestro panorama de criminalización de la protesta social, de asesinatos y persecuciones, mientras desde el poder político se insiste en mostrar que tenemos el llamado “milagro peruano” como ejemplo de prosperidad comercial dentro del auge capitalista en nuestra región. A pesar del camino adverso, son los propios movimientos sociales quienes desde el fragor de la lucha han ensayado y consolidado mecanismos de organización, lucha y movilización basados en la horizontalidad, la acción directa de masas, la solidaridad entre los sectores afectados, la autonomía respecto a injerencias partidistas externas y el poder de las asambleas que discuten y deciden que resoluciones tomar frente a las arremetidas del gobierno y el gran empresariado. Y por supuesto, el papel de las y los libertarios es dinamizar cada espacio de lucha y articularlos con las demandas sociales hacia una política nacional de protesta y propuestas.

[Publicado en la edición N°31 de Solidaridad]