por Melissa Sepúlveda

La movilización estudiantil universitaria del año 2015 ha sido principalmente local: el estudiantado de las universidades ha estado volcado a disputar internamente las condiciones de estudio que reproducen la precarización y mercantilización del sistema educativo. Demandas internas que en último término intentan avanzar algunos pasos hacia esa educación pública, gratuita y de calidad que anhelamos desde hace ya varios años.

Dentro de los petitorios de carreras, facultades y universidades la exigencia de democratización se ha instalado con fuerza, la crisis del modelo educativo tiene que ver con la falta de inversión de recursos públicos, pero no sólo con eso, sino también por quienes toman las decisiones que mantienen este modelo de educación de mercado; la Dictadura fue ejemplificadora en este sentido a través de la imposición de rectores y autoridades designadas directamente por el gobierno militar. Esta demanda es una interpelación directa al modelo de democracia chilena, las universidades hoy son fiel reflejo de la disociación entre las decisiones políticas -en este caso gobierno universitario- y la comunidad educativa, quien bajo un modelo de educación pública debiese representar los intereses de la sociedad en las universidades. Tal vez es por este último punto que las rectorías han sido tan enfáticas en rechazar cualquier modelo de gobernanza participativa, y es ahí cuando revelan su verdadera posición frente al conflicto educacional y los intereses de clase que defienden. Que estudiantes, trabajadores y trabajadoras y la sociedad organizada tomemos el control de las universidades podría mermar los intereses del bloque en el poder y podría significar que la universidad deje de estar a disposición y voluntad del mercado.

El caso de la movilización en la Universidad Católica de Temuco (UCT) es revelador y tenemos que analizarlo para enfrentar estratégicamente futuros escenarios de tensión dentro de nuestros espacios educativos. Con 17 desalojos en un poco más de dos meses de movilización, acusaciones infundadas que hoy cursan a través de un sumario interno de la universidad y una querella interpuesta contra tres miembros de la Federación de estudiantes, la rectoría de la universidad da cátedra de cómo establecer represalias con el claro objetivo de desmantelar la organización de una federación que no existía hace ocho años, limitar el derecho a la libre asociación y ejercer presión en tiempos de movilización. En la última declaración pública de la Federación de estudiantes de la UCT, Álvaro Bustamante, Secretario General, denuncia la situación señalando que: “esto no es una situación aislada: en todas las Universidades los(as) estudiantes están siendo perseguidos(as) tras las movilizaciones. En nuestro caso particular estas persecuciones vulneran nuestros derechos procesales y nuestros derechos de asociación puesto que arriesgamos la suspensión o expulsión de la Universidad”.

El discurso que levantan autoridades universitarias y gubernamentales, reforzadas por las líneas editoriales de los medios de comunicación, intenta instalar la idea de que no hay diferencia entre la movilización social y la delincuencia, considerando a estudiantes como enemigos internos del Estado. Este año han sido numerosos los casos de secuestros, persecución a dirigentes, montajes, apaleos masivos, detenciones, encarcelamientos y tortura; los casos de las y los estudiantes de la UCT, UTEM, USACH, ARCIS y la UAHC son ejemplos ilustrativos de esto. En la medida que aumenta la conflictividad social estos hechos aumentan su frecuencia e intensidad, y en ese sentido la designación de Jorge Burgos- vinculado a “La Oficina”- como Ministro del Interior no es casual. La respuesta a la represión debe ser una preocupación constante del movimiento social, defender a nuestros compañeros y compañeras es tarea prioritaria en este camino por la conquista de derechos sociales fundamentales.

[publicado en la edición N°31 de Solidaridad]