por Nahuel Valenzuela

“Nunca ha existido voluntad política del Estado para llevar adelante una reparación integral, sino que por el contrario, se protege la identidad de los torturadores y se fomenta la impunidad”, afirma Mercedes Maldonado Herrera, una de las voceras de la Coordinadora Nacional de ex Presas y Presos Políticos del MIR.

En pleno centro de Santiago, en un salón de la Librería y Centro Social Proyección el grupo local de la Coordinadora Nacional de ex Presas y Presos Políticos del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) se reúne casi a diario. Esta agrupación cuenta con cerca de 200 miembros articulados de Arica a Punta Arenas, unos 90 de ellos asentados en la Región Metropolitana. La Coordinadora lleva años luchando por conseguir una reparación integral para todas las mujeres y hombres dignos que no se cruzaron de brazos y combatieron al terror de la Dictadura con lo que tenían a mano. Soportaron brutales torturas y vejaciones, vivieron el duro régimen carcelario, fueron separados de sus seres queridos, experimentando un sinnúmero de privaciones y sufrimientos indescriptibles.

Con la llegada de la democracia no se “fueron para la casa”. Participaron activamente en la recuperación de los “sitios de memoria”, tales como Villa Grimaldi o Londres 38, en las organizaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y en cuánta iniciativa contra el olvido se ha levantado. Sin embargo, pese a sus esfuerzos y a los de muchas otras voluntades, los nuevos administradores del modelo heredado de la Dictadura no han dado ninguna respuesta satisfactoria a sus demandas. El Estado, ni ninguno de los gobiernos, han tenido la valentía de juzgar masivamente a los asesinos y torturadores, tanto militares como civiles. En Chile hubo un genocidio, se aniquiló a la gente en las calles, y en vez de buscar verdad y reparación, el Estado brinda impunidad a los perpetradores de tanta barbarie.

Mercedes Maldonado Herrera, una de las voceras de esta agrupación, señala que debido a las prolongadas huelgas de hambre que iniciaron las y los compañeros de Rancagua, se pudo generar una mesa de trabajo, en la cual sin embargo, no ven ninguna solución al problema de fondo. El Estado piensa que el problema se reduce a dinero, para lo cual ofrece sumas irrisorias que no satisfacen a nadie. La Coordinadora considera que si bien el dinero es necesario (hay compañeras y compañeros que han muerto en la total miseria), no es lo fundamental, ya que la reparación integral implica necesariamente recuperar los derechos sociales desmantelados por la Dictadura, cambiar la Constitución pinochetista, y por sobre todo romper con la impunidad. La negociación entre la Concertación y los militares, y La Ley 19.992, garantizan un pacto de silencio por 50 años para los militares y civiles implicados en violaciones a los derechos humanos, lo que a todas luces es inmoral, mientras que a las víctimas de la represión, tal y como lo señala Mercedes; “nos hicieron firmar un libro en donde salen todos nuestros datos, está todo registrado, incluso el rut, en donde nuestra integridad está al servicio del enemigo y los torturadores no están en ninguna parte”. Por ello para la Coordinadora es primordial luchar por el derecho a la información pública y la verdad, tal y como ocurrió en Argentina y Uruguay, para lo cual han empezado una campaña de “desclasificación popular”, junto a todas y todos quienes tengan antecedentes de casos, ya que desde el Estado, por la vía ordinaria, se ha negado sistemáticamente romper el “pacto de silencio”.

Por otra parte, las y los compañeros son bastante críticos a la institucionalización de la lucha por los derechos humanos y a las formas “tradicionales” de hacer política en la izquierda. Ven con resquemor la aparición de “operadores políticos” que deciden por las bases poniendo sus intereses particulares primero. Se reconocen como sujetas y sujetos transformadores en constante crecimiento. En este sentido han dado grandes pasos, al incorporar en la reflexión y a su práctica cotidiana la crítica a la opresión patriarcal y al machismo, tan arraigados en nuestra sociedad y también en los espacios organizativos de la izquierda.

Ante la nula voluntad política del Estado, corresponde al Movimiento Popular tomar la iniciativa respecto a este sensible tema. Por esta razón, en Santiago, las y los compañeros de la Coordinadora Nacional de ex Presas y Presos Políticos del MIR se encuentran en una constante articulación con espacios de carácter territorial (por ejemplo en La Pintana, La Granja, San Ramón, Lo Hermida, Conchalí, Puente Alto, La Florida, etc.), con intelectuales comprometidos, y con quienes estén dispuestos a luchar codo a codo con ellos, para poner fin a décadas de silencio e impunidad.

[Publicado en la edición N°30 de Solidaridad]