por Sebastián Osorio

Durante los últimos meses se han derramado ríos de tinta para opinar sobre la propuesta del Gobierno de Bachelet. Este conjunto de modificaciones al Código del Trabajo pretende “equilibrar las relaciones entre trabajadores y empresarios”, asumiendo que los primeros se encuentran en una situación de debilidad amparada y promovida por la ley, que favorece enormemente a los empleadores en diversos aspectos ¿Qué está en juego en este escenario? ¿Cómo puede aprovecharse la coyuntura desde el movimiento sindical?

LA CENTRALIDAD DE LA LUCHA POR UN NUEVO CÓDIGO DEL TRABAJO EN CHILE

Elaboradas en pleno Régimen Militar y vigentes hasta hoy, las leyes laborales fueron redactadas con el objetivo de ofrecer a los empresarios las mejores condiciones posibles para invertir y explotar a los trabajadores. Desde el fin de la dictadura, el de Bachelet vendría a ser el cuarto intento de reforma, y todo parece indicar que al igual que los anteriores, acabará sin cambios estructurales ante la insistencia de los empresarios, que precisamente financian a los políticos que tendrán que decidir su contenido.

Pero, ¿qué es lo que se protege tan celosamente con la legislación laboral que tenemos en Chile? En pocas palabras, podemos decir que ésta consagra la existencia de un “sindicalismo neoliberal”: débil, incapaz de hacer huelgas, aislado en su empresa, dividido y fácilmente destruible por parte del empleador. Para lograrlo, impide las negociaciones colectivas interempresas, permite el reemplazo de trabajadores en huelga, promueve la existencia de múltiples sindicatos en la misma empresa dividiendo las fuerzas y facilita los despidos. Todo lo contrario a la legislación existente antes del Golpe de Estado de 1973, conseguida gracias al esfuerzo de décadas de luchas del movimiento obrero chileno.

foto: Carlos Wagner

Este original esquema de relaciones laborales, cuidadosamente diseñado e implementado, es ni más ni menos que el pilar maestro sobre el que descansa el modelo económico y social que llamamos “neoliberalismo”. En última instancia, la siniestra obra de la Dictadura se puede resumir en la disposición libre y desregulada de mano de obra barata y con escasas posibilidades de organizarse para mejorar sus niveles de ingresos en el ámbito laboral. Fuera de éste ámbito, diversos subsidios y bonos ofrecidos por el Estado –financiado por los impuestos que pagamos los mismos trabajadores–, consiguen amortiguar en parte esta penosa situación.

No es que en otros países del mundo la explotación no exista o se pueda cambiar con una ley. La naturaleza de las economías capitalistas –antiguas y modernas–, consiste siempre en una mayoría de la población que vive de su trabajo con más o menos dificultades para llegar a fin de mes, y una minoría empresarial que se enriquece a niveles inimaginables administrando su capital, que incluye la “mano de obra”. Aquí y en Noruega es lo mismo. El asunto que está en juego cuando se habla del Código del Trabajo es otro: las posibilidades que tendrán los trabajadores de organizarse colectivamente –generalmente en sindicatos–, para exigir una mayor tajada de las ganancias que se embolsan los empresarios.

LOS DESAFÍOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES ANTE LA REFORMA LABORAL

Los empresarios –salvo contadas excepciones– no han perdido ocasión para criticar la “reforma laboral”, como si fuera la mayor amenaza a sus intereses que jamás hayan enfrentado, más peligrosa aún que la Reforma Tributaria por la que pusieron el grito en el cielo el año pasado. Como han hecho en cada ocasión que han podido, amenazan con que aumentará la cesantía y los trabajadores se verán perjudicados. Reclaman que perderán su legítimo derecho al lucro, que los enriquece mientras los trabajadores reciben migajas.

Por su lado, la mayor parte de los trabajadores no pertenece a ninguna organización, pero el principal organismo que se podría considerar como “representativo” de los trabajadores es la CUT, que ha variado su posición política desde un apoyo entusiasta, hasta un reservado reclamo ante las insuficiencias y claros retrocesos de la propuesta de Bachelet. Entre lo más importante, se ha señalado que los “servicios mínimos” mantienen el reemplazo en huelga, que no se posibilita la negociación de sindicatos interempresas, federaciones y/o confederaciones, que se criminaliza la huelga amenazando con el desafuero de los dirigentes sindicales, entre otras medidas dañinas para los sindicatos.

Pero si la propuesta parece ser tan negativa para los trabajadores, ¿por qué reclaman los empresarios con tanta rabia? Probablemente porque se dan cuenta que si se permiten medidas como la “titularidad sindical” o el fin al reemplazo en huelga, aunque sean disposiciones que vienen con letra chica, se puede abrir camino a un cuestionamiento más radical de las ventajas con las que cuentan actualmente. Y es que, en un contexto que les es completamente favorable, cualquier avance en derechos para los trabajadores es un retroceso para sus privilegios.

Más allá de estas consideraciones, lo interesante para el mundo del trabajo es que, de algún modo, esta reforma ha gatillado la reacción y el despertar de amplias franjas, que motivadas por la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y de organización, se han hecho parte del debate entre los trabajadores. ¿Es necesaria una reforma laboral? Por cierto que sí, coinciden todos. El problema no es la voluntad de hacer cambios, sino el carácter absolutamente insuficiente de la reforma, que no toca las demandas históricas del movimiento sindical chileno, e incluso introduce peligrosos retrocesos como la criminalización de la huelga.

foto: Carlos Wagner

Lamentablemente, el movimiento sindical no pasa por su mejor momento para enfrentar la iniciativa del Gobierno. Con la CUT dirigida por la misma coalición –Nueva Mayoría–, su postura ha sido más bien pasiva y aunque se han planteado críticas, sus planteamientos no han sido recogidos y es muy improbable que desde la Central se organice una movilización decidida para detener o modificar el contenido de la reforma.

Paralelamente, han surgido otras iniciativas como el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS), que agrupa diversos sindicatos y tiene perspectivas interesantes, pero al menos de momento no ha logrado convocar masivamente como espacio organizativo ni ha podido generar movilizaciones potentes; por otro lado se ha gestado una coordinación de “Trabajadores de Sectores Estratégicos” que incluye a los contratistas de CODELCO y a la Unión Portuaria de Chile, quienes por su trayectoria y posición en la economía nacional tienen mayor potencial para realizar paralizaciones considerables, pero que por razones inentendibles se ha mantenido relativamente hermético respecto del resto de iniciativas sindicales.

Trascendiendo a sus legítimas diferencias, hoy por hoy los sectores de trabajadores más críticos de la reforma tienen la responsabilidad de afrontar tres desafíos: el primero es dar pasos concretos hacia la unidad en las luchas de nuestra clase, apuntando a una alianza amplia entre todos los referentes sindicales por un programa mínimo realista; el segundo es que, asumiendo que la ley difícilmente será retirada por el Gobierno, se detengan sus aspectos más dañinos y se aseguren avances concretos para la organización sindical; por último, aprovechar el momento para fomentar la educación y formación en torno a estos temas entre las bases sindicales, mostrando a los trabajadores los grandes problemas que los afectan más allá de su lugar específico de trabajo.

Ya van 25 años de promesas “democráticas” que han demostrado su absoluta incapacidad, siendo la demostración más clara que el sindicalismo esté peor que a comienzos de los 90. Por ello, las y los trabajadores no pueden confiar sino en sus propias fuerzas, y hoy es más importante que nunca forjar una fuerza sindical que se proyecte con exigencias claras y un horizonte político comprometido con las necesidades de su pueblo.

[Publicado en la edición N°28 de Solidaridad.]