por Melissa Sepúlveda 
ex Presidenta de la FECH

Nos acercamos al fin del primer año de un segundo mandato de Michelle Bachelet, no ya con la antigua Concertación tan venida a menos, sino que ahora liderando el -para algunos- prometedor conglomerado de la Nueva Mayoría. A poco andar, sin embargo, las promesas que algunos creyeron, hicieron evidentes (si no lo eran ya) sus límites, sus lógicas y sus intereses. Una de las expresiones más caricaturezcas de esas limitaciones podemos encontrarlas en la reforma tributaria, proyecto que siendo ya conservador en un inicio, luego de pasar por la cocina de Zaldívar (gran representante de la nueva política), apenas hacía posible la recaudación fiscal misma. La reedición de la política de los acuerdos, sumada a la carencia de mínimos acuerdos programáticos en torno a la transformación anhelada por las mayorías sociales, es una fórmula que comienza a mostrarse como la tónica de un gobierno que parece no venir sino a realizar un salvataje desesperado de un modelo de desarrollo que hace agua por todos lados.

Si queremos hacer un análisis de lo que ha sido hasta ahora la reforma educacional, y en particular si este análisis busca entregar luces con respecto  a las tareas que le compete realizar al movimiento estudiantil en los tiempos por venir, dicho análisis debe considerar entre sus elementos el contexto de pugnas al interior de la Nueva Mayoría. Por una parte, podemos observar los movimientos del ala más conservadora de la coalición que es, a su vez, el ala que mayores intereses concentra en relación al mercado en la educación, expresado en la DC y, en particular, en la dirigencia de Ignacio Walker. Ésta se ha caracterizado por los guiños a los partidos a su derecha, acercamientos concretos hacia la oposición (por ejemplo, a través de las indicaciones al proyecto de administrador provisional), de modo tal que ha hecho patentes las diferencias internas y la falta de definiciones políticas transversales asumidas por los distintos grupos políticos que componen el conglomerado. Por otra parte, el desplazamiento del eje PS-DC de la Concertación al PS-PPD de la Nueva Mayoría (NM) ha perdido fuerzas, evidenciando la incapacidad de los sectores “progresistas” del gobierno de instalar y definir la implementación de un programa que tenga, al menos, mínimas claridades en términos de la orientación de las reformas (carencia de claridad que fue, de hecho, lo que sirvió para cohesionar a las distintas fuerzas en torno a él). Asimismo, los sectores que han manifestado su apoyo a ciertas demandas históricas del movimiento social y que han sido parte de éste, como lo han sido Revolución Democrática y el Partido Comunista, hoy se encuentran participando a duras penas del Gobierno, intentando por un lado disputar ciertos espacios de poder que les permitan incidir en las síntesis que determinarán las políticas del ejecutivo, y por el otro lado, buscando propiciar, mediante sus distintas vocerías sociales y las dirigencias que han ido copando, que sea el movimiento social el que les otorgue el piso de legitimidad necesario para operar en dicha dirección.

En mayo, la Presidenta se aventuraba a denominar “la reforma educacional más grande de los últimos 50 años” a una propuesta que, en los aspectos presentados hasta ese momento de fin al lucro, al copago y a la selección, seguía estando lejos de tocar los elementos que sostenían al mercado en la educación, permaneciendo incapaz de ofrecer una solución a las consecuencias críticas de la implementación de medidas neoliberales en educación durante la Dictadura, y profundizadas por los gobiernos de la Concertación. En este tira y afloja, marcado por una baja presencia del capital político de Bachelet en los conflictos que se han abierto entre fuerzas al interior del conglomerado, la derecha ha ganado posición en el debate a pesar del mal momento que atraviesan sus partidos, utilizando personeros como rectores, sostenedores e instituciones religiosas, en particular la Iglesia Católica, para ser los portavoces de las ideas conservadoras del modelo actual y por supuesto, recurriendo a su arma preferida: el terror mediático, visibilizando actores cuyas magnitudes, en lo concreto, son menores a su posicionamiento mediático (CONFEPA),  haciendo visible un discurso francamente minoritario.

Hasta este momento y frente a este escenario, el movimiento estudiantil no ha sido capaz de tomar la ofensiva. Son varios los elementos que sostienen esta incapacidad. Por una parte, el lugar que han tomado los sectores que, de la calle, pasaron al gobierno y la responsabilidad que asumieron con la defensa del “programa” y, con ello, los intentos de instrumentalizar las organizaciones estudiantiles; junto a eso, la incapacidad de poder articular un trabajo sostenido con distintos actores que componen el movimiento social, sumado a la baja participación de los espacios de discusión, han derivado en una posición débil e incapaz de disputar las ideas ambiguas de la Nueva Mayoría, las cuales recogen las consignas que caracterizaron al movimiento por la educación, vaciándose de contenido y no volcando un cambio real. En paralelo, existe la incapacidad de capitalizar avances concretos que logren materializar de manera efectiva las demandas que ha ido posicionando el movimiento social, consiguiendo victorias que sean alicientes para que las y los estudiantes reconozcan en él una herramienta real.

Estos elementos, algunos de los cuales son parte de diagnósticos compartidos transversalmente por quienes son parte activa del movimiento social por la educación, iluminan ciertos trabajos a los que resulta preciso abocar nuestras fuerzas, siendo uno de ellos la tarea central de recomponer nuestros espacios organizativos. Los últimos años, desde el mundo libertario hemos sido capaces de instalar la necesidad de la participación de base, la legitimidad de las asambleas como los espacios que debieran determinar las posiciones políticas de las y los dirigentes, y la necesidad de una política vinculada con los espacios locales; sin embargo, de poco sirven esas conquistas en términos del sentido común si no estamos desarrollando una política que efectivamente se haga cargo de manera constante de fortalecer esos espacios a los cuales hemos otorgado la facultad de resolver. Es dentro de este desafío que tenemos que pensar las distintas dimensiones que cobra dicha responsabilidad, la responsabilidad de ser dinamizadores de la participación, la discusión y la apropiación cada vez más profunda de un proyecto de lucha que vayamos creando como pueblo. Se trata en parte de la responsabilidad de “historizar” nuestro desarrollo como actor social, de realizar un recambio generacional que sea capaz de transmitir a quienes entran a la Universidad las experiencias que hemos construido quienes pasamos por ella, a fin de que esos aprendizajes vayan enriqueciendo una historia colectiva de lucha que sirva de piso para el futuro. Un esfuerzo de politización no por el mero deber de politizar, sino que porque es necesario que hoy, cuando nos vemos enfrentados a un gobierno que toma de nuestras arcas prestadas la legitimidad, tengamos un estudiantado firme y con claridades que evite el engaño y sea capaz de sostener desde abajo la necesidad de un proyecto propio. Es en esa tarea que no caben las mezquindades políticas: la conducción del movimiento estudiantil no puede recaer, y con ello limitarse, a las organizaciones que conquistan ciertas vocerías, sino que debe ser un trabajo de elaboración que las exceda con creces y se nutra de una participación firme y constante de todas las fuerzas que apuestan por ella. Se trata también de poner en el centro de los esfuerzos de articulación a la multisectorialidad, que embrionaria como pueda ser hoy, realice de forma presente el desafío que sabemos necesario para la disputa del modelo económico, político, social y cultural, otorgando a nuestras demandas, como movimiento estudiantil, la capacidad de perfilar esa transformación en el conjunto de los cambios que es preciso disputar para conquistarla en su plenitud.

El próximo año demandará de nosotros el enfrentarnos a una discusión con respecto a la educación superior que, si la tendencia sigue como hasta ahora, será una disputa fuerte contra el privilegio que intentarán defender a ultranza quienes ya han mostrado los dientes; se tratará de un año donde los intereses puestos en el mercado educativo no harán sino acentuarse, y donde la posibilidad de conquistar ganadas estará dada, fundamentalmente, por la afirmación clara y organizada de amplios sectores con respecto a los elementos que opondremos al proyecto educativo neoliberal de la Nueva Mayoría. Es por ello que las tareas que presentamos son las que plantean mayor urgencia: se hace necesario trabajar desde nuestros espacios, fortalecer y reconstruir la participación de base, desde ahí comenzar una articulación multisectorial constante y cotidiana, porque es esa y no otra la fuerza que nos permitirá enfrentarnos de hecho a quienes intentan volverlo todo una mercancía.

[Publicado en la edición n°26 de Solidaridad]