La misteriosa explosión que cambió el panorama nacional

Sin duda alguna, la detonación del artefacto explosivo producida en el “Subcentro” de la estación de metro Escuela Militar, ocurrida el lunes 8 de septiembre recién pasado, es un episodio que generó un giro radical en la realidad nacional, y que probablemente marque un punto de no retorno, en lo que a materia jurídica se refiere. La explosión producida a las 14:05 horas, hirió a 14 personas, las cuales sufrieron traumas acústicos, fracturas, heridas por esquirlas, y la más grave de ellas, una trabajadora de la limpieza, amputación de dedos. El pánico fue general, debido a que la explosión se registró durante el horario de colación, en un lugar en donde confluye y circula muchísima gente. Inmediatamente la noticia tuvo amplia cobertura a nivel internacional y la prensa más sensacionalista y adicta al sistema de dominación, no dudó en afirmar que el “terrorismo estaba de vuelta”.

Debido a los aparentes objetivos del bombazo; atacar de forma deliberada, indiscriminada y aleatoriamente a “gente común”, a plena luz del día y en un lugar bastante concurrido, ciertamente, podemos afirmar que se trata de una acción catalogable como de carácter terrorista (tal y como lo son los bombardeos israelies sobre la población civil en la franja de Gaza). Las y los revolucionarios sinceros que trabajan cotidianamente para transformar la realidad, no pueden sentir simpatía alguna frente a un acto que no contribuye a acelerar la emancipación del pueblo trabajador y los sectores oprimidos, sino que por el contrario, crea un clima propicio para que el bloque dominante tome la iniciativa y comience a instalar una legislación represiva que tarde o temprano caerá sobre todas y todos quienes cuestionan el actual orden de cosas existentes.

Nada de proclamas, comunicados, panfletos, demandas, explicaciones, o pronunciamiento alguno de los hasta el momento desconocidos autores. Demasiadas similitudes con el extraño ataque a un vagón del metro en la estación Los Dominicos perpetrado hace un par de meses atrás, noticia a la cual también le brindaron una enorme tribuna los grandes medios de comunicación, no así, a otros ataques incendiarios reivindicados por grupos radicales y difusos que la prensa llama peyorativamente “antisistema”.

El chivo expiatorio de siempre…

Como siempre, parece ser lo más fácil culpar a las informales redes anarquistas, el “chivo expiatorio” contemporáneo de cualquier hecho violento que ocurra en Chile. Sin embargo, los ya innumerables ataques explosivos e incendiarios que se han registrado desde hace más de 10 años en la capital, la gran mayoría de los cuales han sido reivindicados mediante comunicados (difundidos ampliamente por internet) por grupos anárquicos y antiautoritarios, tienen una dinámica muy diferente, apreciable a simple vista: se han realizado durante altas horas de la madrugada para evitar causar daños a personas (cuestión por cierto, no menor), se han elegido blancos materiales vinculados estrechamente a instituciones ligadas al Capital, el Estado y a las fuerzas represivas (bancos, edificios ministeriales, locales de empresas multinacionales, comisarías, retenes, etc.), y como se señaló más arriba, han sido adjudicados y explicados mediante proclamas. Las únicas víctimas registradas hasta ahora habían sido quienes portaban las bombas (1); el ataque deliberado a personas nunca ha sido un objetivo, sólo habían resultado con traumas acústicos de carácter menor, personas que circulaban en las cercanías de los lugares de detonación. Causar miedo generalizado en la población y asesinar a gente determinada (y menos al azar), no ha sido nunca un propósito definido por estos grupos.

Por lo tanto, es a lo menos prudente, no achacar de antemano la autoría de este atentado a los grupos e individuos que componen la difusa guerrilla urbana del anarquismo insurreccional que ha operado hace al menos una década sin causar ninguna muerte. El “modus operandi” y el objetivo, no se corresponden con la actividad “tradicional” de estos grupos.

Todo lo anterior, no representa de modo alguno una apología o justificación a la actividad de dichas formaciones. Sólo tiene como objetivo delimitar dos cosas bien distintas: el ataque violento a “símbolos del poder capitalista” y el “terrorismo”. Más allá de cualquier juicio de valor respecto a la conveniencia o no de la táctica desplegada por estos grupos (cuestión que no es lo central aquí), es evidente, que lo ocurrido el lunes 8 es algo que escapa al marco de acción delimitada por los mismos núcleos que se reivindican del “insurreccionalismo”.

Pero, a pesar de todo lo anterior, tampoco es descartable la hipótesis de que algún grupo sin perspectivas políticas claras, influenciado por teorías nihilistas y antisociales, incapaz de determinar a los verdaderos enemigos de clase, totalmente aislado de la realidad y de las luchas concretas del pueblo y la clase trabajadora, haya tomado la extremadamente vanguardista e irresponsable decisión de pasar a una “nueva etapa en la lucha”; es decir, pasar a ejecutar acciones que son fácilmente recuperables y funcionales para que las clases dominantes impongan sus intereses. Esto, naturalmente, sería desastroso, ya que los avances en la rearticulación y el rearme paulatino del movimiento obrero-popular que se han operado durante los últimos años, podrían peligrar, o a lo menos, ser frenados por la acción concertada del Estado, el bloque en el poder y los aparatos represivos. Es decir, por medio de una acción extremista de carácter espectacular, el poder, podría eventualmente golpear con mayor facilidad a las expresiones concretas, reales y más combativas del movimiento popular. De todas formas, hay muchos elementos que parecen apuntar a que la “mano negra” proviene de otro lugar. La historia nos brinda numerosos ejemplos de como el “terrorismo” ha sido compañero de viaje de las clases acomodadas, al cual siempre echan mano cuando las instituciones democráticas ya no parecen servir para preservar sus privilegios.

El miedo generalizado: el mejor amigo de quienes detentan al poder

“El retorno del miedo”, rezaba el titular de La Segunda del martes 9 de septiembre. Este periódico vespertino es propiedad de Agustín Edwards, quien es a la vez dueño de uno de los duopolios informativos del país, el cual desde siempre ha hecho hasta lo imposible para defender el poder de la alta burguesía chilena. De un caso hasta ahora aislado, han intentado imponer la psicosis colectiva de que el terrorismo es algo constante y ya generalizado que amenaza la vida cotidiana de todo buen ciudadano. Parece que nadie está más interesada en generar pánico en las multitudes que lo más rancio de la derecha criolla, la cual luego del desafortunado gobierno de Piñera, no había más que registrado una serie de derrotas en la arena política.

Una persona con miedo es fácilmente manipulable y capaz de aceptar cualquier medida que le brinde seguridad, aún a costa de sus propias libertades. Algunos llaman a esto “doctrina del shock”. El miedo inducido desde “arriba” ha justificado diversos montajes, la instalación de regímenes totalitarios y ha dado carta blanca para que la clase dominante reprima a diestra y siniestra a las y los que luchan. Como olvidar el denominado “proceso a los subversivos” llevado a cabo por el Estado chileno en 1920 (2), el incendio del Reichstag que anticipó la toma del poder del partido nazi de Hitler (3), la estrategia de la tensión en la agitada Italia de la autonomía operaria (4), la actividad paramilitar de “Patria y Libertad” en tiempos de la Unidad Popular (5), o el ya olvidado atentado explosivo perpetrado en el metro de Santiago a finales de la Dictadura (6), y también el recientemente celebre “caso bombas” (7). Como se ve, no es algo descabellado creer que quienes más se han beneficiado políticamente del bombazo, hayan tenido algún grado de participación en la ejecución del mismo.

Lo ocurrido el lunes le viene como anillo al dedo a la “oposición”, la cual ha resucitado, se ha envalentonado y tomado nuevos bríos asumiendo un rol protagónico en su cruzada contra el terrorismo. Por su parte, la “Nueva Mayoría”, con la presente “amenaza terrorista”, podrá patear para un futuro incierto la implementación de las reformas que prometió en su campaña, las cuales no fueron producto de sus “buenas intenciones” sino que impuestas por los estallidos sociales regionales y por las masivas jornadas de lucha en las calles. No obstante, los cambios que en la práctica pretende promover el ejecutivo, no son más que una caricatura de lo que exige el movimiento obrero y popular, ya que no expresan las transformaciones estructurales que éste reclama como urgentes: reforma educacional en donde el eje sea el fin del lucro, una reforma tributaria en serio que haga pagar mayores impuestos a los más ricos (y no lo que se aprobó hoy en el Congreso), una reforma laboral que favorezca al pueblo trabajador y no a los patrones, el  fin de las AFP y la creación de un sistema financiado de manera tripartita, la renacionalización de los recursos naturales y sobre todo el cobre, etc. Todas estas demandas han quedado postergadas hasta nuevo aviso: la prioridad hoy para el bloque dominante, y para los conglomerados políticos insertos en él, es trabajar en conjunto, en “unidad nacional”, para erradicar al nuevo “enemigo interno”.

 La solución del Estado: reducir aún más nuestras libertades, perfeccionando los aparatos de inteligencia y represión

Entre las variopintas amenazas de mano dura que han esbozado todos los sectores políticos, destaca la ya prácticamente zanjada discusión acerca de la necesidad de refundar los aparatos de inteligencia (principalmente la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI) bajo el mando directo del Ministerio del Interior y endurecer la Ley Antiterrorista. La inyección de multimillonarios recursos, que podrían financiar muchos de los cambios que hoy se necesitan en Chile, además se verá reforzada con la ayuda internacional de índole técnica que brindarán organismos como el FBI. También, es unánime la idea de brindar aún más facultades a las policías para abordar esta clase de delitos: como si no hiciesen ya hoy todo lo que se les da la gana, y en total impunidad. Torturas y vejaciones en comisarías (8), montajes policiales (9), intervenciones telefónicas, interceptación de correos electrónicos y redes sociales (10), fichajes de detenidas y detenidos en manifestaciones populares, hostigamiento a dirigentes sociales, son sólo algunas de las prácticas rutinarias de las fuerzas policiales contra quienes osan levantar la cabeza y luchar dignamente por lo que nos han robado los dueños del país. Ellos siempre han violado su “Estado de derecho”, no han escatimado nunca en medios para fabricar culpables, pero siempre todo puede ser peor.

Víctor Montoya, joven estudiante de la carrera de relaciones públicas, que resultó absuelto al finalizar un largo juicio, luego de pasar 14 meses en prisión preventiva acusado de instalar un artefacto explosivo en una comisaría en Las Vizcachas, ha sido el primer damnificado de esta coyuntura: su juicio fue anulado por la Corte de Apelaciones de San Miguel (fallo unánime) y se encuentra a la expectativa de lo que ocurra el 6 de octubre próximo, fecha en que se realizará un nuevo juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto. La Fiscalía a toda costa quiere que cumpla 6 años de cárcel, ahora cuenta con un clima político propicio para declararlo culpable, aunque no exista prueba alguna que acredite su participación en el hecho que se le imputa. Luego, seguramente será el turno de los okupa y los centros sociales autónomos, los cuales ya habían anunciado hace algunas semanas por medio de comunicados públicos, estar siendo observados y hostigados constantemente por policías de civil ¿Luego quién vendrá? Por supuesto los mapuche, que llevan años sufriendo las arbitrariedades de vivir en un territorio ocupado militarmente, y que son procesados por la Ley Antiterrorista que considera verosímiles los testimonios de testigos sin rostro, comprados por el Estado, las forestales y los grandes latifundistas. Los colectivos populares de estudiantes criminalizados en un reportaje recientemente emitido en Canal 13, que los vinculó directamente a la acción de encapuchados en las manifestaciones estudiantiles, también hoy se encuentran bajo la mira (11). Después, le tocará a quienes ocupan ilegalmente terrenos para vivir, a quienes participan de huelgas ilegales en los sectores estratégicos de la economía y paralizan el país; en fin, todos los movimientos sociales, que luchan autónomamente por una vida distinta a la impuesta por este sistema, pueden ser arrastrados en esta vorágine represiva que recién comienza, y cuyas consecuencias aún son imprevisibles.

Hoy la ciudad amaneció repleta de policías. Las poblaciones más emblemáticas y “conflictivas” de Santiago están bajo un verdadero Estado de sitio. Hoy es 11 de septiembre. Un día como hoy hace 41 años los militares, brazo armado de la burguesía, tomaron el poder por la fuerza. Miles tuvieron que huir al exilio, otros fueron hechos “desaparecer”, algunos fueron recluidos en centros de tortura clandestinos, otros simplemente fueron arrojados sin vida en las aceras o en el cauce del río Mapocho. Pero, en este país que parece sufrir de amnesia colectiva, nadie pide mano dura para aquellos terroristas que masacraron a un pueblo entero. Muchos de estos terroristas, hoy son los primeros en brindar grandilocuentes declaraciones en contra de la violencia. Ellos viven bien, caminan tranquilos y libres por donde se les place, nadie los apunta con el dedo y los llama criminales. Por todo esto, no olvidamos, ni perdonamos aquellas violaciones a los derechos humanos que continúan impunes: ese es el verdadero terrorismo y frente al cual debemos actuar con firmeza y unidos, aquel que es amparado y justificado hasta el presente por la máquina del Estado.

Espartaco Gatti

Militante obrero y libertario de la zona industrial de Cerrillos

Once de septiembre de 2014

 

Notas:

(1) El primero de ellos, el anarquista Mauricio Morales Duarte, falleció el 22 de mayo del 2009 en Santiago Centro en las cercanías de la Escuela de Gendarmería, al estallarle accidentalmente un artefacto explosivo que transportaba en su mochila. El segundo afectado por una explosión, fue Luciano Pitronello a quien le estalló en sus manos otro artefacto, quedando gravemente herido, y con secuelas físicas para el resto de su vida.

(2) En el Chile de 1920, varios anarquistas de la IWW (Trabajadores Industriales del Mundo) y de otras organizaciones del mundo popular vinculadas al movimiento anarquista, fueron acusados de mantener bajo su poder dinamita, armas de fuego, entre otros elementos subversivos, lo que a la larga demostró ser un montaje del Estado. Para más detalles, revisar el libro; Lagos, Manuel (2012) Los subversivos. Las maquinaciones del poder. Editorial Quimantú.

(3) En las elecciones parlamentarias del 31 de julio de 1932 los nazis alcanzaron la mayoría relativa en el parlamento. El 27 de febrero de 1933 se produce un incendio en el edificio del parlamento alemán (Reichstag), hecho por el cual fue declarado culpable el albañil desempleado y comunista holandés Marinus Van der Lubbe. Con el pasar de los años no se pudo comprobar su autoría en el hecho, es más, en el 2008 de manera póstuma Van der Lubbe fue exculpado. Aunque el atentado nunca ha podido ser esclarecido, lo cierto es que los principales beneficiarios fueron los propios nazis. Gracias al incendio se decretó el “estado de emergencia” y se abolieron de un plumazo la mayoría de los derechos fundamentales de la ciudadanía. El 30 de enero de 1933 Hitler había asumido como Canciller, después del atentado, los nazis forzaron la implementación de una ley especial que en los hechos abolió el sistema democrático burgués, iniciándose así el brutal régimen totalitario.

(4) La “Estrategia de la Tensión”, fue la maniobra que encontró el Estado Italiano para poner atajo a las luchas sociales: la insubordinación obrera y estudiantil que se generalizaba a fines de la década de los sesenta en diversos puntos la península era insostenible para la clase dominante. Este período suele situarse entre 1969 con el atentado explosivo ocurrido el 12 de diciembre en el Banco de los Agricultores de la Piazza Fontana de Milán en donde fueron asesinadas 16 personas y hubo 88 heridos, y con el 4 de agosto de 1974 día en que se registró el ataque al tren “Italicus” en Emilia-Romagna, el cual cobró la vida de 12 personas y dejó otros 105 heridos. Pero existen otros episodios brutales con las mismas características que se produjeron con posterioridad a este espacio de tiempo, como fue el atentado de la estación de Bolonia el 2 de agosto de 1980, que dejó 85 muertos y 200 heridos. En todos estos hechos se culpó a grupos de la izquierda extraparlamentaria, a las vanguardias obreras de las grandes fábricas, o a los “partidos armados”, cuando en realidad habían sido perpetrados por los servicios secretos italianos y de otros países miembros de la OTAN, en ocasiones, utilizando como fuerza de choque a las crecientes y numerosas formaciones neofascistas. Para una profundización del tema, véase: Moroni, Primo y Balestrini, Nanni (2006) La horda de oro (1968-1977). La gran ola revolucionaria y creativa, política y existencial. Editorial Traficantes de Sueños.

(5) El grupo de extrema derecha “Patria y Libertad” jugó un papel destacado en el plan de desestabilización del país durante el gobierno de Salvador Allende. Produjeron innumerables atentados a la infraestructura del país y algunos asesinatos políticos, fomentaron una campaña del terror en los medios de comunicación, incentivaron el desabastecimiento y el mercado negro. Fueron apoyados y financiados por la CIA, el imperialismo estadounidense y el empresariado chileno. Frente a su accionar y la de otros grupos sediciosos, la Unidad Popular (UP) promulgó la “Ley de control de armas”, la que sin embargo nunca persiguió a los fascistas, sino que más bien fue la herramienta predilecta que utilizaron las clases dominantes para perseguir a la “ultraizquierda” asentada en los cordones industriales y en diversas iniciativas populares de base.

(6) El grupo que perpetró este atentado había sido creado por un infiltrado de los servicios de seguridad del ya agónico régimen militar, quien se autodenominó “comandante Miguel”. Así, una veintena de jóvenes ingresó a un supuesto apéndice miliciano del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) llamado “La Resistencia”, o simplemente la “R”. Iván Palacios y Eric Rodríguez, ambos jóvenes reclutados por Miguel, fueron asesinados en una ratonera que la CNI les había tendido en la actual comuna de Quinta Normal. El atentado al metro fue planificado por “Miguel”, quien tenía la misión de crear un clima de desestabilización y pánico general en el país, que hiciese posible el mantenimiento de los militares en el poder. Para mayor información véase la minuciosa investigación periodística: Víctor, Jofré (2012) La Trampa, historia de una infiltración. Lom Ediciones.

(7) Recomiendo revisar los siguientes libros referentes al caso: Cortés, Julio (2013) Estruendo, la asociación ilícita terrorista en la legislación chilena a la luz del caso bombas. Libros del perro negro. Tamayo, Tania (2012) Caso Bombas. La explosión de la Fiscalía Sur. Lom Ediciones.

(8) Como ocurrió en el caso del estudiante (en ese entonces de 17 años, es decir, menor de edad) del Liceo Barros Borgoño, César Reyes. Mientras se encontraba en un paradero esperando la locomoción colectiva para regresar a su hogar, después de asistir el 8 de mayo del 2013 a un paro nacional estudiantil convocado por la Confech, fue secuestrado en un auto por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) que no portaban ningún distintivo institucional a la vista, encapuchado para que no reconociese las calles por donde era “paseado”, golpeado por una decena de policías en reiteradas ocasiones, y obligado a entregar su clave de facebook bajo amenazas de muerte. Hasta el momento el único procesado es el policía Flavio Torres, que permanece en prisión preventiva desde diciembre del 2013, mientras que el resto de involucrados han sido protegidos por la institución y caminan libremente por las calles.

(9) A finales de agosto finalizó, luego de dos semanas, el juicio oral de 13 de los 14 jóvenes detenidos en Villa Francia durante la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar. 5 de ellos fueron absueltos de todos los cargos, 3 condenados por desórdenes graves a 61 días de prisión, 1 joven fue condenado por porte de artefacto incendiario a 3 años y 1 día, mientras que los 4 restantes fueron condenados tanto por desórdenes graves como por porte de artefacto incendiario, es decir, a 61 días por el primer cargo, y 3 años y 1 día por el segundo. Afortunadamente ninguno registraba condenas anteriores, y podrán cumplir su pena de manera remitida y no tras los muros de la cárcel. Lo lamentable de este caso, es que aunque la Fiscalía fue incapaz de probar que los artefactos incendiarios que aparecieron en la Comisaría eran portados por las y los jóvenes al momento de ser detenidos, de todas maneras hubo condenas, lo que a todas luces resulta un despropósito y un nefasto antecedente. De poco importó, que las pruebas químicas en busca de hidrocarburos en las manos de todos los imputados e imputadas hayan salido negativas, que no todas las botellas fueran periciadas y además que éstas fuesen destruidas por el personal policial, que las declaraciones de los carabineros fuesen incongruentes y contradictorias entre sí, que los partes policiales contuvieran información errónea y derechamente falsificada, que no se presentara en el juicio la cadena de custodia de las especies supuestamente requisadas, que las detenciones hayan sido declaradas ilegales en el control de detención, y así un sinnúmero de irregularidades que fueron ignoradas por los jueces. Los 5 jóvenes absueltos, pudieron probar fehacientemente que no eran culpables de los cargos, debido a que declararon durante el juicio y presentaron testigos para contrastar las mentiras de los policías, y lo que posiblemente marcó la gran diferencia, exhibieron videos y fotografías tomadas de la televisión en donde se registró el momento justo de sus detenciones, lo que echó por tierra los testimonios policiales. Al parecer en Chile no existe la presunción de inocencia, sino que sucede todo al revés: uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En un juicio es más importante demostrar que se es inocente, si no es así, basta solamente una declaración policial inconexa para ser sentenciado, aunque no existan pruebas científicas, objetivas y materiales que avalen la acusación.

(10) Bryan Seguel, egresado de la carrera de historia y actual estudiante de sociología de la Universidad de Chile, además de conocido militante del FEL (Frente de Estudiantes Libertarios), fue acusado de participar en la golpiza de un oficial de carabineros, ocurrida en medio de disturbios producidos en la conmemoración del 1 de mayo. El “minucioso trabajo de inteligencia” determinó que la imagen de un joven que aparecía en el lugar de los hechos, se correspondía con la identidad de Bryan, en base al registro de fotos de Facebook. En la realidad Bryan ni siquiera asistió a la manifestación y tampoco se parece al joven de la foto del altercado con el carabinero. Sin embargo, este hecho demostró lo que muchos tenemos claro hace rato: la sistemática violación que existe de la privacidad de las personas con fines policiales, la cual no se ajusta a ningún protocolo, ni rinde cuentas a nadie.

(11) En el reportaje se intentaba poner al mismo nivel la legítima acción directa de masas, la autodefensa y las tomas estudiantiles, al atentado producido el día lunes.

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