Pasados dos meses desde el comienzo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el paquete de medidas comprometidas para los primeros 100 días avanza en medio de optimismos y desconfianzas. El clima, no obstante, es de espera: los alumnos están yendo a clases, los trabajadores no han planteado movilizaciones, los empresarios mantienen sus millonarias utilidades, la clase media sigue endeudada y los pobres siguen siendo pobres. La promesa de grandes reformas sumada a la fruición por el consumo pretende que olvidemos que vivimos en un país con uno de los peores índices de distribución de la riqueza y con la educación más cara del mundo. En el entre tanto, los principales ministros se han colmado de amistosas reuniones con las multisindicales, los estudiantes y los empresarios. Las ideas dentro del gobierno son confusas, con una constelación de partidos que abarca desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, es decir, desde los más firmes defensores del modelo económico inaugurado por Pinochet hasta los que todavía se hacen llamar Marxistas leninistas. Todo esto apoyado por un equipo estrella de operadores del grupo Luksic, Saieh y Edwards[1]; todos pontífices del neoliberalismo que han declarado su apoyo al gobierno de la presidenta socialista. Algo no cuadra.
Y es que aquí se levantan dos paradojas. No es posible llevar a cabo una redistribución significativa de ingresos en el corto plazo si no se afecta de manera sustantiva a quienes se han estado beneficiado y enriquecido con esta repartición los últimos 40 años. Mientras que por otro lado, no es posible llevarse bien con el gran empresariado, si no se le asegura que, por lo menos, sus grandes intereses basados en la apropiación desmedida del producto del trabajo de las mayorías, no se verá trastocado.
La solución de estas disyuntivas parece no radicar en la comentada reforma tributaria, sino ahí donde se generan las riquezas de toda sociedad: el mundo del trabajo. La ausencia de proyectos de leyes que favorezcan decididamente la capacidad de los trabajadores para organizarse y plantear sus demandas, y que contribuya a poner fin a los extremos abusos del actual modelo de relaciones laborales impuesto en dictadura, es el gran éxito del empresariado en el actual gobierno , tras lo cual, las reformas tributarias y educacionales son sólo una superficie.
Pese a lo anterior, las medidas anunciadas por el gobierno dejan conforme a cierto sector de trabajadores, principalmente los vinculados a la CUT alineadas con el gobierno, pero deja prácticamente intacta la situación de la mayoría de los trabajadores explotados del país.
Dentro del Centro de Investigación Político Social del Trabajo (CIPSTRA), nos hemos propuesto la tarea de mantener un seguimiento de las políticas laborales impulsadas por el ejecutivo, a fin de contribuir a un análisis que permita anticipar cómo estas medidas pueden mermar la capacidad organizativa y reivindicativa de la clase trabajadora. Es por ello que nos hemos propuesto la realización periódica de minutas de actualidad en temas laborales.
Actualmente los proyectos de ley que afectan a los trabajadores, ya sea respecto a su actividad o respecto al producto de su trabajo, y que forman parte de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, son tres: La reforma tributaria, AFP Estatal y el fin del Multirut.
En la minuta N°1 revisaremos estas tres medidas para dar cuenta de que no sólo se ha logrado mantener la estructura general de relaciones laborales y de distribución de la riqueza en Chile, sino que de paso se ha buscado relegitimar los pilares fundamentales de esta.
Descarga la minuta aquí:
Por CIPSTRA (Centro de investigación político social del trabajo)
www.cipstra.cl
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