Chile limita al centro con la injusticia

Nos duele profundamente el incendio ocurrido en los cerros de Valparaíso, que, al parecer y al contrario de lo que dicen los medios de comunicación masivos, empezó en el vertedero El Molle en medio del bosque. Como se ha denunciado muchas veces, la precarización y el hacimiento urbanos, productos de la pobreza y la desigualdad, son un factor de alto riesgo frente a catástrofes naturales como incendios, terremotos o inundaciones. Además, estos bosques y la basura acumulada son altamente inflamables. Este problema, endémico en Valparaíso, es completa responsabilidad de la municipalidad y del gobierno local que, por compromisos con los intereses del gran capital inmobiliario, no se hacen cargo.

Frente a la emergencia social y urbana que acarreó el incendio -que quemó 2.900 viviendas y dejó a 12.500 personas damnificadas-, la autoorganización espontánea de la solidaridad y de los propios vecinos y vecinas de la zona incendiada, ha sido fundamental en estos primeros días para remover escombros y, con el material que se salvó, volver a parar los terrenos.

Bajo este estado de catástrofe declarado el día domingo 13 de abril, los gobiernos nacional y regional podrían exigirles a las grandes empresas que pongan a disposición las mercancías urgentemente necesarias: materiales de construcción, agua, ropa, alimentos, pañales, carpas y sacos de dormir, frazadas, etc. Una vez más son ellas las que lucran con la tragedia social. Y una vez más este desastre ha reavivado la discusión en torno a la reconstrucción y las precarias condiciones urbanas en los cerros, en medio además de la implementación del Nuevo Plan Regulador para Valparaíso. Son las opiniones y acciones de las organizaciones sociales y populares las más importantes, somos los habitantes de los cerros los que sabemos cuáles son las condiciones de vida aquí arriba. No queremos dejar las decisiones de uso de suelos ni a la ambición de las inmobiliarias buitres (que sólo lucran con la necesidad de la vivienda, sobre todo en situación de reconstrucción postcatástrofes), ni a las políticas públicas que las favorecen. La vivienda digna es un derecho social.

 

¡Sólo el pueblo ayuda al pueblo!

 

por Teresa Acosta

 

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