El pasado 19 de agosto comenzó en Colombia un formidable Paro Nacional Agrario motivado por el impacto de las políticas neoliberales sobre el campesinado: los tratados de libre comercio (TLC), una fiscalidad regresiva, el acaparamiento de la tierra en unas pocas manos, la falta de una política de estímulo para el pequeño campesino… Cientos de miles de personas en todo el país se han movilizado por campos, veredas, carreteras y han conseguido suscitar un amplio movimiento de solidaridad en las ciudades. En el momento de escribir estas líneas el movimiento se mantiene y sus diversas expresiones están en la mesa de negociación con el gobierno buscando plasmar algunas de las demandas en conquistas.
El escaso espacio del que dispongo me impide profundizar en los pormenores de este proceso, en los diferentes actores, los pliegos de demandas, las formas de lucha, la actitud del gobierno, las correlaciones de fuerzas.

De cara al esclarecimiento del lector poco informado de la realidad colombiana, prefiero utilizar estas líneas para señalar que esta movilización multitudinaria, lejos de ser circunstancial, tiene motivos de fondo, estructurales, relacionados íntimamente con el surgimiento y el desarrollo de las diversas formas de lucha que el campesinado y otras clases populares han adelantado históricamente en Colombia para la defensa de sus intereses.

Y es que el Paro Nacional Agrario es un eslabón más del conflicto social y armado que desangra a Colombia desde hace más de 50 años, y no se puede entender sin conocerlo. Un conflicto que tiene su origen en el modelo de acumulación por desposesión en que se funda la oligarquía colombiana y su afán por hacerse con la tierra utilizando la violencia. No es por casualidad que sea en el medio rural donde más agudas son las luchas sociales y donde la insurgencia tiene mayor fuerza. Tampoco que el primer punto tratado en el proceso de paz entre una de las guerrillas, las FARC, y el gobierno, haya sido la reforma agraria.

La insurgencia tiene su origen en los organismos de defensa creados por los campesinos para hacer frente al despojo, siendo que el Ejército intervino desde primera hora apoyando a los terratenientes. Desde los mismos inicios del conflicto, la insurgencia ha buscado un acuerdo de paz que conlleve un cambio sustancial en las estructuras políticas, sociales y económicas que lo originaron. Quien más se ha opuesto a esta solución y ha optado por profundizar en la militarización del territorio y en los esfuerzos de guerra ha sido precisamente la oligarquía beneficiada por el actual modelo. De los anteriores procesos de paz en Colombia sólo prosperaron aquellos que significaron una rendición y entrega de organizaciones insurgentes sin ninguna transformación de fondo en beneficio del pueblo. Los procesos que apuntaban a dichas transformaciones fueron saboteados por esa misma oligarquía, bien instalada en los aparatos de Estado y con ejércitos mercenarios (paramilitares) a su servicio.

Por otra parte, la participación del imperialismo en el conflicto ha sido una constante. El Plan Colombia de finales de los 90, con la excusa del combate al narcotráfico, supuso un gran salto adelante en la injerencia de Estados Unidos en la política interna colombiana.

Todo ello no ha bastado para derrotar ni militar ni políticamente a unas organizaciones insurgentes bien enraizadas en el medio rural y que siguen manteniendo presencia y operatividad en amplias zonas del territorio colombiano. Presencia que se une a la reactivación en los últimos tiempos (y el Paro Nacional es una buena muestra) de la lucha popular contra las llamadas “locomotoras del desarrollo” del gobierno Santos, que no son sino la profundización del modelo económico excluyente ya citado.

Esta inestabilidad del escenario, así como su desajuste con las realidades continentales, han contribuido a arrinconar a los sectores más duros de las clases dominantes, encabezados por el ex presidente Uribe, que siguen oponiéndose a cualquier negociación con la insurgencia, y ha propiciado que se abran paso puntos de vista más pragmáticos, que aspiran a que de la mesa de diálogo salga la paz. Una paz caracterizada, eso sí, como la desmovilización de las organizaciones guerrilleras sin hacer concesiones significativas al pueblo y sin ceder privilegios.

De la fuerza que consiga acumular la lucha popular y de sus niveles de unidad dependerá que esas ilusiones de la oligarquía de conseguir tranquilidad a cambio de nada queden disipadas y que el pueblo colombiano al fin consiga la verdadera paz, esa que se asienta en la justicia social.

Como dicen los compañeros de la Red Libertaria Popular Mateo Kramer: “cansados de la guerra queremos un país en paz, y paz es defender los territorios de las transnacionales, paz es dar salida a la grave crisis carcelaria, paz son derechos, paz es justicia”.

poe Manu García, septiembre 2013.