En nuestro país, todo lo que hace o deja de hacer la industria salmonera lo decide ésta. Ella determina donde instala las pisciculturas y las balsas-jaulas, el tamaño de las concesiones, la magnitud de la producción, las dimensiones de las balsas-jaulas, las características de los alimentos, las dosis y las formas de administrar los antibióticos a los peces; la capacidad acuícola de una porción de agua en un lago o en un sistema marino; como ha de fiscalizarse su propia producción, etc.

En síntesis, todo aquello que es esencial para regular la gestión ambiental de la industria lo determina ésta. El Estado, a través de sus oficinas ambientales, eventualmente solo cumple el rol de revisar lo que la industria salmonera declara.

Para el Estado chileno y sus órganos con jurisdicción en el tema de la acuicultura, cultivar una hectárea de salmones es equivalente a cultivar una hectárea de choritos. Para tan disímiles actividades el Estado usa el mismo instrumento de evaluación: una declaración de impacto ambiental.

La escasa fiscalización por parte del Estado a través del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), que no posee una flota propia para llegar hasta los centros de cultivo, principalmente los de engorde, y la debilidad de las sanciones impuestas a los centros infractores de las ya laxas regulaciones existentes en los años previos a la crisis del virus ISA, permitieron a la industria salmonera hacer de los ambientes acuáticos un campo libre para las peores prácticas ambientales posibles.

Así, previo a la crisis, la pesca artesanal y ONGs ambientalistas habían denunciado una gran variedad de “conflictos ambientales” protagonizados por la industria salmonera en cada etapa de su proceso productivo (desde el ingreso de ovas importadas hasta la fase final de engorde de peces en balsas-jaulas flotantes) y por cada una de las actividades asociadas a ellas, como talleres de lavado y confección de redes, plantas de proceso y hasta en el traslado de mortalidades y de peces vivos por vía marítima o terrestre.

Sin embargo, durante los años de la crisis (de 2007 a 2009), las empresas salmoneras mantuvieron las mismas malas prácticas ambientales de los años previos, favoreciendo la dispersión y contagio de la enfermedad viral.

Por ejemplo, aunque las nuevas disposiciones sanitarias señalaban que las mortalidades por virus ISA debían acumularse en recipientes plásticos herméticos (“bines”) acopiados en plataformas de mortalidades separadas de las unidades de crianza (balsas-jaulas) las empresas salmoneras AquaChile y Los Fiordos, entre otras, persistieron en mantener sus cadáveres de salmones en los pasillos de los centros de cultivo, en contacto directo con el agua e incluso flotando al interior de las mismas balsas- jaulas.